A estas alturas del sexenio -como dijera el clásico-, no está de más recordar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE), publicada recientemente por el INEGI, concluye que la población de 18 años y más se encuentra gravemente decepcionada del desempeño de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Por ejemplo, el índice de confianza en las policías ministeriales es del 12.7% mientras que, tratándose de las policías municipales, es apenas del 6.8%. Ocurre igual con las procuradurías y fiscalías: los índices de confianza fluctúan entre el 13.1 y el 10.4 por ciento, o sea, es prácticamente nula. Incluso, la confianza en el ejército y la marina, que en 2022 se encontraba en 51.8 y 57.3%, en la medición de 2023 se redujo a 39.8 y 46.0 por ciento, respectivamente. Nos encontramos, pues, en la lona, en cuanto a confianza sobre seguridad pública y procuración de justicia; y ello no es un asunto de opinión, sino un dato que proviene del órgano oficial de estadística e información, que por cierto debe ser tomado en serio por quienes aspiran a gobernarnos.
Pudiera pensarse que la solución es compleja porque deviene del abandono histórico de nuestras policías, ministerios públicos y peritos. Sin embargo, según la misma encuesta, las acciones idóneas para tener mayor seguridad son tan básicas como, por ejemplo, mejorar el alumbramiento público, incrementar el patrullaje y la vigilancia policiaca, fortalecer la figura del policía de barrio, construir parques y canchas deportivas e implementar programas para que la gente denuncia. Otras, de mayor complejidad, pero alcanzables, como reducir el desempleo, atender a los jóvenes para disminuir la delincuencia juvenil, combatir el narcotráfico y acabar con la corrupción. Allí están los datos, para que a partir de ellos se construyan los planes y programas sobre seguridad pública y procuración de justicia y se pueda, por fin, avanzar en las soluciones y dejar de culpar al pasado de todos nuestros males.
Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que el camino hacia la recuperación de la confianza también pasa por un sistema de justicia eficaz. Por lo mismo, es imprescindible lograr, a través de un servicio de carrera equitativo, la capacitación y profesionalización de los operadores; investigaciones diligentes, procesos prontos apegados a la ley, sanciones apropiadas y reparaciones justas. La modernización, el uso estratégico de tecnologías, incluso de inteligencia artificial, y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, son pasos clave en esta dirección. Las policías y fiscalías no son las únicas responsables de la seguridad pública. También los tribunales deben hacer su parte, que es fundamental.
La ENVIPE 2023 no sólo nos presenta un diagnóstico de la situación actual, sino que también ofrece un punto de partida para la acción, que no debe de quedar como un llamado a misa. Reconstruir la confianza en nuestras instituciones de seguridad pública y procuración de justicia es una tarea compleja pero urgente y alcanzable, que requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad y sobre todo del liderazgo decidido de nuestros gobernantes. ¿Estarán a la altura, o seguirán culpando al pasado?
