La política criminal es la actitud que toman los gobiernos frente al problema de la criminalidad y la correspondiente adopción de las medidas pertinentes para hacerle frente. Un método eficiente implica que, a partir de la postura explícita del titular del poder ejecutivo -que le corresponde por el voto democrático- las instituciones encargadas de la seguridad pública -policías, ministerios públicos y tribunales-, establecen sus respectivos planes de política criminal y los ponen en funcionamiento. De esta forma, los resultados pueden ser medidos y evaluados.
Un buen ejemplo de política criminal eficaz fue el caso de la “tolerancia cero” o “política de la ventana rota” que promovió en su momento el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. A partir de igualar la responsabilidad entre adolescentes y adultos, la policía aplicó medidas de reacción en el corto plazo y los tribunales actuaron en la misma sintonía. ¿El resultado? Una baja drástica del delito en esa ciudad. Así que, con todo y críticas de “mano dura” ante toda manifestación delictiva, por pequeña que fuera, lo cierto es que la política criminal implementada durante esos años -1990-1997-, rindió frutos: reestableció el orden, elevó la calidad de vida y generó espacios urbanos limpios y seguros.
Pese a tal obviedad, en México nunca hemos tenido una política criminal explícita emanada del titular del poder ejecutivo, que implementen en congruencia las instituciones de seguridad pública. Ya sea que se trate de crear policías federales deseablemente profesionales, declarar la guerra sin ton ni son a la delincuencia, militarizar la seguridad pública, o dejar en paz al crimen organizado con la vana esperanza de abatir la violencia, lo cierto es que la actitud del Estado frente a la criminalidad nunca ha sido explícita; únicamente se ha delineado de vez en cuando y a grandes trazos, por lo cual las policías, fiscalías y tribunales han operado en formas descoordinadas e ineficientes, como muestran las estadísticas de incidencia delictiva que registran números históricamente altos.
Es verdad que recientemente se han hecho intentos parciales por establecer políticas criminales explícitas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República y algunas otras fiscalías, como la de la Ciudad de México, han elaborado planes de política criminal y programas de persecución penal. Pero, desde una autonomía bien entendida, ¿reflejan la política criminal de sus respectivos poderes ejecutivos? ¿se coordinan asertivamente con las estrategias de las demás instituciones de seguridad pública? Quién sabe, pero a partir de los resultados a la vista, no.
Creo que no me equivoco al afirmar que todas las personas queremos un México en el que la impunidad por el delito no siga encontrando tierra fértil. El crimen no debe de continuar redituando a quienes viven de él, ni puede seguir siendo costumbre en el diario vivir de nuestras sociedades. Claro está que hacerle frente es una tarea común, en donde la sociedad tiene buena parte del compromiso, pero un buen comienzo sería que nuestros gobernantes se acostumbren a emitir, al principio de su gestión, un documento formal en el que comuniquen explícita e inequívocamente su política criminal, de modo que las áreas de seguridad pública hagan lo propio y todas hablen el mismo idioma. Así lograrán lo que se propongan en bien de la comunidad.
@JorgeNaderK
