Al analizar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, elaborado por el Inegi, nos sumergimos en un océano de datos que revelan la realidad de nuestro sistema de justicia federal. Estas estadísticas, aunque frías, invitan a reflexionar sobre el tipo de justicia federal que realmente tenemos, más allá de las discusiones superficiales y los debates constantes que envuelven a los ministros, magistrados y jueces federales en el escenario público.
En el censo, como en todo, encontramos luces y sombras. Por un lado, alegra saber que casi la mitad del personal del Poder Judicial Federal está conformado por mujeres, demostrando una paridad envidiable. Sin embargo, al adentrarnos en el ámbito de los juzgadores, nos encontramos con una realidad desafiante: la brecha de género persiste, ya que más del 65% son hombres, mientras que sólo el 33% son mujeres. Es evidente que aún tenemos un camino por recorrer para lograr la plena igualdad en todos los niveles del sistema judicial.
Otro aspecto relevante es el del presupuesto. El Poder Judicial Federal gasta 77.4 mil millones de pesos, de los que el 70.8% se destina al funcionamiento de juzgados y tribunales. Del total del gasto, la Suprema Corte usa 5.3 mil millones, es decir, el 6.84%, lo cual echa por tierra la idea de que abusa del presupuesto o gasta de más, sobre todo si se tiene en cuenta que atiende más de 14 mil asuntos al año. Eso sí, hay que subrayar al mismo tiempo el malísimo dato de que la Corte tarda en promedio más de 1,000 días en resolver los casos que tramita, por lo cual, de los 14 mil asuntos, sólo concluye 2,800, es decir, el 20%. Ello explica —pero no justifica— el tortuguismo crónico de la SCJN, en detrimento del derecho humano al efectivo acceso a la justicia, y que se expresa en la conocida frase: “justicia retardada es justicia denegada”. Resolver bien y pronto —aunque se gaste un poco más— es un desafío evidente según los datos.
Vale la pena resaltar los resultados sobre justicia penal. Según el censo, el 68.7% de las causas penales concluyen con el reconocimiento de responsabilidad por parte de los acusados, y otro 29.5% termina por causas distintas al juicio oral. Esto demuestra que sólo el 3.8% de los casos llegan a juicio, lo cual se alinea con el diseño del sistema penal acusatorio, que busca fomentar la terminación anticipada de los procedimientos. Sin embargo, nos enfrentamos al desafío de asegurar que aquellos que reconocen su responsabilidad penal sean verdaderamente culpables, un problema inherente a los sistemas penales acusatorios en todo el mundo.
En fin, el censo nos suministra una cantidad significativa adicional de información estadística sobre el desempeño de los tribunales federales. Pero más allá de los números y las cifras, debemos recordar que detrás de cada expediente hay personas en busca de justicia; vidas humanas que se entrelazan con el complejo y confuso entramado de nuestro sistema judicial. Por ello, a través de la valiosa información del Inegi tenemos la oportunidad de reflexionar para mejorar; de abrazar la equidad de género, de que se optimicen los recursos y de conseguir, por fin, una justicia federal pronta y efectiva.
