A la memoria de mi muy querido y admirado maestro de siempre, Dr. Sergio García Ramírez.
La ministra Lenia Batres Guadarrama no llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con intenciones ocultas. Desde sus comparecencias ante el Senado y en su discurso ante el Pleno de ministros, ha sido explícita en cuanto a lo que le parece detestable del Poder Judicial Federal. Por un lado, la retribución que reciben los ministros por el desempeño de su cargo, que considera inmoderada e incluso ilegal. Por otro, los excesos, así calificados, en que ha incurrido la Corte al invalidar normas emitidas por el Congreso de la Unión y que, a su parecer, violan la Constitución y convierten a los ministros en legisladores. La ministra Batres, en consecuencia, no ha escondido en absoluto que aceptó ser jueza constitucional para representar los intereses del presidente López Obrador, quien a lo largo de su administración ha insistido una y otra vez en la existencia de los mismos males. Así, el presidente hizo una buena jugada según sus intereses con la designación de la nueva ministra, a la que nadie puede acusar de incongruencia entre su pensamiento, su discurso y su actuación.
Sin embargo, ahora toca el turno de la realidad, y ésta siempre gana la partida. En ese terreno, la primera batalla de la ministra Batres, la excesiva retribución que le parece que reciben los ministros, dependerá en buena medida de que, tal y como lo ha anunciado, logre su incorporación al ISSSTE y restituya periódicamente a la Tesorería de la Federación los excedentes que, según sus cálculos, le sean pagados. El segundo aspecto, es decir, los excesos de la Corte al invalidar leyes y que los ministros se han convertido en legisladores, ya no dependerá enteramente de ella. Como ministra, será uno de once votos, por lo cual, necesitará convencer con argumentos jurídicos a sus compañeros de Pleno de sus posturas, al punto tal que una mayoría calificada de pares abandone criterios jurisprudenciales vigentes según los cuales el procedimiento legislativo es una garantía constitucional que, de violentarse, provoca la anulación de las leyes inconstitucionalmente producidas por el legislador, independientemente de su contenido; o, como dijera Hans Kelsen que “la validez de toda norma positiva depende de la hipótesis de una norma que se encuentra en la base del orden normativo.” ¿Qué podrá argumentar la ministra Batres para persuadir a sus colegas de dejar vigente una ley emitida en contra de los procedimientos legislativos establecidos en nuestra Constitución? En realidad, nada. Con el tiempo, acabará entendiendo que la apropiada deliberación democrática en el Poder Legislativo es imprescindible para la validez de las leyes y que, por lo mismo, no se pueden atropellar los procedimientos parlamentarios sin consecuencias.
A ninguno debe alarmarnos la postura disruptiva de la ministra Batres, ni sus ideales. Cualquier juzgador del mundo tiene sus propios anhelos, eso es humano. Ya será la realidad la que vaya matizando su pensamiento y sus decisiones, y ponga las cosas en su lugar. Eso es seguro. Por lo pronto, a la nueva ministra, al igual que al resto de sus compañeros, se le deberá evaluar por su trabajo, para que no tenga rezago; por los argumentos que exponga, y por sus votaciones cotidianas, por encima de sus acciones militantes.