Después de varias semanas de litigio, un tribunal de Fairfaix, Estados Unidos, declaró a Amber Heard culpable de haber difamado a Johnny Depp en una columna publicada en 2018 por el diario The Washington Post en la que afirmó haber sufrido abuso doméstico de quien había sido su esposo. Según Heard, sus afirmaciones habían sido con la intención de hacer visible el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres con poder. Según Depp, esos señalamientos eran falsos y le ocasionaron daños en su honor y pérdidas económicas por la cancelación de proyectos laborales. Según el jurado, lo escrito por Heard se publicó con fines maliciosos para causar daño a Depp.

En México, como en otros países, la palabra de las víctimas de abuso doméstico y otras violencias —normalmente, pero no necesariamente mujeres— tiene mayor peso sobre la palabra de los acusados que lo niegan, debido a que ese tipo de actos son parte de una cultura centenaria que ocurren en privado, rara vez ante testigos y normalmente sin dejar evidencias probatorias. Aunado a ello, causas como Me too han venido apoyando a las víctimas haciendo viral en redes sociales lo que se denuncia públicamente, incluso anónimamente, produciendo innegables consecuencias en todos los ámbitos. Ambas situaciones, potencializadas por el movimiento feminista mundial, han generado el efecto positivo de poner en la agenda pública problemáticas para las que las leyes han resultado insuficientes o que quedan en la impunidad por la indolencia de las autoridades encargadas de prevenirlas y castigarlas.

Pero en los tribunales la historia es distinta; suelen provocarse serias tensiones entre la fuerza de las evidencias frente a la presunción de inocencia. Si al final resultan probadas las acusaciones, se hace justicia, sin duda. Pero ¿y si no hay evidencias? ¿si la acusación queda en lo público y no llega a los tribunales? ¿si los señalamientos resultan falsos? Para el jurado de Fairfaix la respuesta es contundente: se trata de una difamación que debe ser indemnizada.

Es verdad que, según datos de ONU Mujeres, menos del 3 por ciento de las denuncias de ese tipo son falsas. También es cierto que, no por el hecho de que Heard haya mentido, todas las víctimas lo hacen -por lo cual es seguro que Me too no perderá influencia. Pero, entonces ¿qué hacer para reducir que las víctimas tengan que formular denuncias públicas con el riesgo de que algunas sean falsas? ¿cómo lograr un sistema de equilibrios entre las partes en conflicto?

Frente a esas y otras interrogantes será muy interesante la manera en que nuestra cultura jurídica procesará las lecciones del caso Depp vs. Heard. Una golondrina no hace verano y en México no seguimos el sistema common law norteamericano, pero la mediatización global del caso debe provocar que nuestras autoridades sean menos indiferentes frente al grave problema de la violencia de género, empezando por promover una educación que logre hábitos arraigados en los valores de la igualdad, la tolerancia y la solidaridad humana, así como la adopción de políticas públicas en serio que fomenten la denuncia y aseguren el esclarecimiento de los hechos, la protección de los inocentes y, lo más importante, que los culpables no queden impunes y los daños sean reparados.

México será un mejor país en todo sentido cuando logre erradicar todas las formas de violencia. Que cada uno haga su parte.

Abogado penalista.
@JorgeNaderK

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