Recientemente se han difundido, en los medios de información, casos calificados como de “violencia vicaria”. En general, esta modalidad de violencia aparece cuando una persona generadora de violencia directa contra una víctima sigue lastimándola, pero ya no directamente, sino a través de los hijos, normalmente menores de 18 años. En estos casos, hay que decirlo, aparece una doble violencia adicional: la que se ejerce indirectamente contra la víctima inicial y la que se despliega contra los niños, niñas y adolescentes para seguir dañando a aquélla. Por eso es un fenómeno tan grave que merece toda la atención de las autoridades encargadas de investigar y perseguir ese tipo de comportamientos que, desde luego, son delitos que afectan especialmente el interés superior de los menores de 18 años.
Pensemos en una persona que golpea a su pareja y luego al hijo de ésta, o de ambos, en un contexto en el que busca afectar específicamente a su pareja a través de violentar al hijo. Al hacerlo, no sólo agravia a la primera, sino también al descendiente, y por ello es una doble violencia; un concurso de delitos. Sin embargo, existen otros casos, muy sutiles, en los que la víctima de violencia sigue siendo golpeada indirectamente por la persona agresora, pero ya no a través de los hijos, sino mediante un conjunto de desventajas burocráticas en que se le coloca y que le impiden acceder a una justicia completa e imparcial. Así tenemos, por ejemplo, el constante y casi perpetuo ir y venir de las víctimas de violencia a las oficinas del Ministerio Público para lograr que se judicialice su caso y la persona imputada sea procesada. Cuántas veces las víctimas de violencia de género se encuentran frente a autoridades indiferentes, omisas o parciales que, en lugar de esclarecer los hechos y garantizarles el acceso a la justicia, defienden o protegen a quienes las han dañado, con pretextos tipo: “esto no es delito”, “vaya a otra agencia del Ministerio Público, aquí no le toca”, “necesitamos un dictamen en psicología pero las citas son para dentro de 6 meses”, “regrese la próxima semana”, “cambió el Ministerio Público y el nuevo no ha sido designado”, “tenemos instrucciones de no judicializar” y un largo, larguísimo etcétera de evasivas, trámites y circunstancias conocidas por todo quien ha tenido que padecer en los laberintos del Ministerio Público en búsqueda de justicia. Violencia y luego más violencia que deja impune el delito o logra hacer desistir, por cansancio, a las víctimas.
Qué bueno que fenómenos como el de la violencia vicaria empiecen a ser visibilizados. Sólo así se podrán enfrentar a través de las modificaciones legislativas, que claramente urgen. Desde luego, proceder con perspectiva de género es un avance, pero ha resultado insuficiente. Las estadísticas disponibles determinan que cada día se denuncian más casos de violencia de género, pero existen pocas judicializaciones por esos delitos. Algo no está funcionando al interior de las estructuras encargadas de investigar y perseguir los delitos de violencia -pese las buenas intenciones de algunas fiscalías estatales-, y eso, como ya se vio, también es violencia: violencia vicaria responsabilidad de nuestras autoridades, que no debe seguir ocurriendo.
