Desde hace casi 30 años, México ha optado por una solución cómoda —pero fallida— al problema de la seguridad pública: encargar esta labor a las fuerzas armadas. Con ello, se abandonó la solución de largo plazo —pero efectiva— de crear cuerpos policiales eficientes, eficaces, motivados, protectores y honestos, lo cual ha llegado al extremo de la capitulación con la formación de un cuerpo pretendidamente policial y civil, pero claramente militar: la Guardia Nacional.
Todo comenzó en 1994 con la creación de un Consejo de Seguridad Pública integrado, entre otros, por los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina. En aquella época, el diputado Leonel Godoy y 166 legisladores más promovieron una acción de inconstitucionalidad cuestionando la participación de la milicia en la seguridad pública, pero la Suprema Corte resolvió que sí se podía. Se dijo por aquél entonces que sería tan sólo una colaboración temporal mientras se formaban cuerpos de policía civil eficientes y competentes.
Sin embargo, esa creación de policías nunca fue prioritaria, entre otras razones por tratarse de un cometido complejo y costoso de largo plazo. La pretendida temporalidad se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo. No sólo eso: en 1999 se reformó la Constitución para establecer que cualquier policía que fuera despedido, por más injusto e ilegal que fuera, no sería reinstalado nunca. Así, y por si faltara algo, quedaba destruida la carrera policial, con lo cual se provocaba el peor de los escenarios para quienes decidían ser policías a cambio de salarios promedio de 8 mil pesos mensuales y la esperanza de completar su gasto mediante otras fuentes, ilegales, claro está.
Al paso de los años, el Estado mexicano de plano claudicó de la indispensable formación de cuerpos policiales civiles. Sin ambages, decidió abrazar la militarización, a pesar de saber que ha tenido resultados desastrosos en otros países; que las fuerzas armadas están hechas para la guerra, no para la seguridad pública; que se tienen hechos documentados de abusos graves contra civiles, y que encomendar a los militares que contengan la violencia delictiva es echarle más leña al fuego.
No importaba. Había que legalizar la militarización. Así, la pasada administración emitió la Ley de Seguridad Interior. Pero la oposición, hoy en el gobierno, se rasgó las vestiduras, y la Corte, ya con presidente electo, declaró inconstitucional esa ley, por ser contrario a obligaciones internacionales que se normalice la utilización de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. Entonces, había que normalizar, pero ahora desde la Constitución, y, tras un repentino cambio de opinión, hoy tenemos una Guardia Nacional absolutamente militar, con enormes atribuciones, cuya presencia entre nosotros será por muchos años.
Esta triste historia avizora un terrible final: seguiremos dejando para después —o para nunca— la formación de policías civiles eficientes y honradas, como tienen los países avanzados. En cambio, sufriremos una militarización indefinida en el país, que además será inútil porque, ¿qué nos llevaría a pensar que ahora sí se atenderá bien el problema de la inseguridad? Francamente, nada. Como bien decía Albert Einstein, locura es creer que haciendo lo mismo se llegará a resultados diferentes.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@JorgeNaderK
