Se ha comentado mucho la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia, en la cual una amplia mayoría de los ministros resolvió que el Senado de la República incurrió en omisiones inconstitucionales al no designar a los comisionados vacantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a pesar de haber transcurrido varios meses. En esencia, la mayoría de los ministros coincidieron en que la demora de 469 días en los nombramientos carece de justificación y que el Senado debió ejercer su facultad de designación. Por lo tanto, se desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que proponía lo contrario, y el caso fue reasignado para la elaboración de un nuevo proyecto alineado con los criterios de la mayoría de los ministros. Este nuevo proyecto será discutido y seguramente aprobado una vez que la Corte regrese de vacaciones, a partir de la primera semana de agosto.
Sin embargo, el mérito de la decisión no reside únicamente en señalar las omisiones del Senado y ordenar la designación de los comisionados pendientes. Incluso con la aprobación de la próxima sentencia, no hay garantía de que los senadores la cumplan. Como bien señaló el ministro Zaldívar, "no es viable destituir a los 128 senadores por desacato". Entonces, ¿qué hay de positivo en la decisión de la Corte en términos reales? Está en los detalles, como siempre, es decir, en las condiciones asociadas a los efectos de la próxima sentencia: se ordenará al Senado concretar los nombramientos, sí, pero mientras tanto, el INAI podrá sesionar válidamente con los comisionados actuales. De esta manera, en el previsible y muy probable caso de que el Senado desacate la sentencia y se niegue a realizar los nombramientos, el INAI podrá ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales de garantizar la transparencia en el gobierno y, sobre todo, proteger los datos personales de los ciudadanos. Así, la postura del presidente López Obrador en contra de la integración del INAI, que él mismo ha hecho pública, y el respaldo que hasta ahora ha tenido y seguirá teniendo por parte del Senado, no impedirán que los mexicanos podamos ejercer los importantes derechos a la información y a la intimidad personal que nos concede la Constitución. Y eso, sin duda alguna, es sumamente positivo y meritorio por parte de la inmensa mayoría de los ministros de nuestra Corte.
¿La determinación que viene nos permitirá, por ejemplo, saber si el IMSS asignó los recursos suficientes al Hospital General de Zona 18, en Playa del Carmen, para el mantenimiento del elevador en el que falleció atrapada la pequeña Atiana Betzabé? Sí. ¿Podremos conocer cuánto del presupuesto público se está utilizando en las campañas anticipadas en busca de la candidatura a la presidencia de la República? También. ¿Podremos exigir que nuestra información personal no sea entregada para actividades de mercadeo, o que recibamos copia de nuestro expediente clínico? ¡Por supuesto! Y todo gracias a que una mayoría calificada de nuestros ministros facultarán pronto al INAI para que pueda sesionar con el número actual de comisionados, aunque el Senado siga sin cumplir con su deber. Enhorabuena.
