En la recta final del sexenio y en plena época electoral, el Congreso de la Unión cocina una reforma legal que no requiere mayoría calificada que, de aprobarse, eliminará derechos y libertades que actualmente tenemos las personas. Se trata de prohibir la procedencia del juicio de amparo y de cualquier otro recurso o medio de defensa en contra de leyes que, a pesar de ser inconstitucionales, no hayan sido invalidadas por la Suprema Corte de Justicia por el simple hecho de que no se hayan reunido ocho votos de los ministros del Pleno. La iniciativa ha sido calificada como un intento de blindar a la mala las reformas promovidas por el Presidente López Obrador y, si bien fue temporalmente aplazada, nada impide que se apruebe en cualquier momento.
Pongamos, por ejemplo, una ley que prohíba votar a las mujeres casadas que no cuenten con el permiso de sus cónyuges, que además se haya aprobado en violación de los procedimientos parlamentarios aplicables. De acuerdo con el sistema vigente, un 33 por ciento de legisladores podría impugnarla ante la Corte y ésta anularla, pero siempre y cuando así lo decida una mayoría calificada de ministros, es decir, ocho. Ahora bien, si por cualquier razón no se reuniesen los votos suficientes y por tanto la ley no resultase anulada, de todas formas cualquier mujer podría impugnar la ley mediante juicio de amparo y lograr ser restituida en su derecho a votar pese a estar casada y no tener el consentimiento de su cónyuge. De esta forma, nuestra actual legislación hace prevalecer los derechos y las libertades individuales frente a las leyes inconstitucionales, a pesar de que existan decisiones insuficientes de la Corte.
Sin embargo, lo que ahora pretenden nuestros legisladores es que, frente a una ley inconstitucional, si no se logran los ocho votos de los ministros, no sólo no se anule la ley, sino que además se declare su plena validez y —lo peor— no sea posible impugnarla después por nadie, ni en amparo, ni mediante cualquier juicio o recurso. ¡Qué grave! Siguiendo con el ejemplo, si cuatro ministros no encontrasen motivos para anular esa ley, entonces, a pesar de los argumentos de los otros siete ministros, ninguna mujer casada podría votar sin el permiso de su cónyuge, ni promover amparo, ni hacer nada para ser restituida en sus derechos.
¿Estoy exagerando con el ejemplo? Quizás, pero no en el caso: pensemos en leyes que establezcan impuestos desproporcionados, o que limiten derechos laborales, o que eliminen garantías procesales, o, en fin, que promuevan la expansión del poder sin contrapesos. Es francamente deplorable que los que supuestamente nos representan, estén en lo que están.
A estas alturas, pedir sensatez a nuestros legisladores parecería un grito en el desierto. En su afán de vengarse del Poder Judicial por haberles enmendado la plana cuando aprobaron leyes atropellando la democracia deliberativa, no se han puesto a pensar que el mal que hoy hagan les será devuelto mañana. Ojalá dejen de actuar como niños que acusan a sus profesores cuando los reprueban por no estudiar, y piensen, con miras de Estado y sin demagogia, en las próximas generaciones. Las leyes mal hechas nunca pueden tener supremacía.