No hay que ser adivinos para saber que los diputados de la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se vengarán de los “agravios” que según ellos les ha causado la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la anulación de algunas leyes aprobadas en contravención a los procedimientos constitucionales. Como es su costumbre, culparán de sus propios equívocos a la Corte y se desquitarán de la única manera en que saben hacerlo: con despotismo. Están prestos a reducir considerablemente el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el próximo año, a pesar de la indispensable implementación de la justicia laboral, de los nuevos procedimientos civiles y familiares, de los procesos electorales en puerta y de los cientos de miles de casos que se resuelven anualmente en los juzgados de distrito, tribunales de apelación, tribunales colegiados, Tribunal Electoral y la propia Suprema Corte. En apego al conocido libreto, que tienen bien aprendido, repetirán una y otra vez que los ministros ganan más que el presidente de la República, que son neoliberales, conservadores, traidores…, y que como no fueron electos por el pueblo, entonces hay que recortar el presupuesto de la justicia lo más que se pueda, incluso llevándola a la inanición.
Lo anterior explica el inusual mensaje de la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, del pasado lunes, en el que anunció el envío del proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2024 con un incremento de tan sólo el 4 por ciento con respecto al de 2023, y en el que también llamó a la Cámara de Diputados a su aprobación responsable. Más que un mero discurso, sus palabras fueron la crónica anunciada del conflicto constitucional que se avecina por la gran reducción presupuestal que preparan los legisladores del oficialismo, y que tendrá su clímax en paralelo al inicio oficial del proceso electoral del próximo año.
Ante lo inédito del suceso, ¿veremos al Poder Judicial, o a cualquiera de sus integrantes, demandando a la Cámara de Diputados ante el mismo Poder Judicial? ¿Se podrá ordenar la suspensión del inminente recorte presupuestal y ordenar que se provean al menos los mismos recursos de 2023 para 2024? O, por el contrario, ¿se agachará la Suprema Corte? ¿Acabará cediendo independencia y autonomía a cambio de recursos? En cualquier caso, eso sí, el pueblo, que necesita un verdadero sistema de pesos y contrapesos para garantizar justicia y legalidad, es el que acabará siendo víctima de un conflicto innecesario, que en el fondo socavará la esencia misma de nuestra justicia.
Ojalá me equivoque -lo deseo enormemente- y nuestros diputados federales actúen con altura de miras, eviten la tentación de vindicaciones políticas y aprueben un presupuesto justo y suficiente para nuestro Estado de Derecho. Sin excesos pero sin carencias. Con responsabilidad.
Frente a los graves problemas que nos afectan, México no puede permitirse un Poder Judicial débil ni una Cámara de Diputados intransigente. Más bien, es momento de demostrar -con hechos- un compromiso de verdad con los derechos y las libertades, y asegurar un sistema de justicia que beneficie a todas las personas.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista.
X: @JorgeNaderK