El pasado 7 de junio, por la tarde, se publicaron en el Diario Oficial importantes reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas a regular y sancionar el uso indebido de “aeronaves pilotadas a distancia”, mejor conocidas como drones. Estas modificaciones normativas establecen nuevos delitos, penas y agravantes para quienes empleen esa clase de dispositivos en actividades ilícitas, entre las que destacan las siguientes:
1. Se establece prisión de 10 a 20 años a quienes, mediante el uso de drones, (i) arrojen cualquier objeto o artefacto explosivo, así como sustancias químicas que puedan ser utilizadas como explosivos, sobre personas o bienes, o (ii) impacten a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
2. Se dispone prisión de 5 a 10 años a quien importe, fabrique, arme, adquiera o adapte drones para transportar explosivos, armas, narcóticos, drogas sintéticas u otros materiales regulados por las leyes.
3. Se preceptúa prisión de 3 a 10 años a quien utilice drones equipados con dispositivos de grabación para vigilar actividades de servidores públicos con el propósito de evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, y
4. Se equipara el uso ilícito de drones a las armas prohibidas del uso exclusivo del ejército y la marina, con lo cual se reconoce el riesgo adicional que enfrentan las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad debido a estas amenazas.
Las reformas establecen un novedoso marco legal para prevenir y sancionar el uso indebido de drones y reflejan una respuesta contundente frente al creciente uso de esa tecnología en la comisión de delitos. Con las nuevas disposiciones, se busca proteger la seguridad pública y la integridad de las instituciones y ciudadanos ante una muestra más de cómo la tecnología, en este caso los drones, que inicialmente fueron concebidos para usos recreativos, comerciales y de seguridad, puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal, especialmente cuando que son artefactos que han demostrado tener un potencial altamente peligroso cuando son empleados con fines ilícitos. De allí que las penas establecidas sean por demás severas: buscan disuadir a los posibles delincuentes y garantizar que enfrentarán consecuencias significativas.
Con estas disposiciones, México se alinea con otros países, como Estados Unidos y Reino Unido, que también han actualizado sus marcos legales para enfrentar los desafíos que presentan estas nuevas tecnologías. Así, la inclusión de aeronaves pilotadas a distancia en la legislación penal mexicana y en la de armas de fuego, es un paso significativo y de vanguardia para mantener la seguridad pública y el orden social en una era donde la tecnología avanza rápidamente y puede ser utilizada de maneras impredecibles. Por lo mismo, pese a las múltiples críticas que se han expuesto en el pasado reciente por los yerros de nuestros parlamentarios federales, en este caso es de felicitar al Poder Legislativo por haber legislado rápida y eficazmente para regular un problema real y grave antes de que fuera demasiado tarde. Corresponde ahora a las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar los nuevos delitos, hacer que la legislación recientemente emitida cumpla sus objetivos.
