La reforma constitucional sobre la Guardia Nacional (GN) fue producto de un amplio debate en torno a la militarización de la seguridad pública. A partir de la conformación de las mayorías, el actual Congreso de la Unión aprobó recién una serie de cambios constitucionales que, a decir de sus promotores, buscan fortalecer la estrategia de seguridad del país para, por fin, pacificar a México.
Uno de los principales cambios es que ahora la GN estará integrada por personal de origen militar con formación policial y quedará bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto marca un giro fundamental ya que originalmente la GN se había diseñado como una corporación de carácter civil, pero con el paso del tiempo y bajo la justificación de la profesionalización y la mejora en los niveles de disciplina se optó de plano y sin ambages por militarizar la operación en campo de la seguridad pública, aunque de conformidad con la estrategia nacional de seguridad pública que diseñará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la que además contará con una fuerza policial compuesta por los integrantes de la antigua Policía Federal. En esta línea, la GN podrá colaborar con otras instancias de seguridad pública en las entidades y municipios.
Otro de los cambios importantes fue dotar a la GN de facultades para investigar los delitos, aunque bajo la conducción y mando jurídicos del Ministerio Público. Esta novedad, si se implementa bien, fortalecerá la impartición de justicia debido a que la calidad de las acusaciones y de las resoluciones judiciales dependerán de la calidad de las investigaciones que realice la GN. Para ello, se le asignarán los recursos y medios necesarios para la profesionalización, equipamiento y actualización permanente de sus elementos.
Si bien los argumentos a favor de esta reforma giran en torno a la necesidad de dotar de mayor fortaleza a la GN, no podemos ignorar que persisten dudas sobre los efectos de militarizar la seguridad pública. Uno de los riesgos es que se difumine la línea entre las labores militares y las funciones de seguridad en perjuicio del respeto a los derechos humanos y las libertades civiles. No obstante, a pesar de estos puntos de vista encontrados, hay que dar el beneficio de la duda: no podemos cerrar los ojos a la cruda realidad de la inseguridad en México. El país vive uno de sus momentos más críticos en términos de violencia y criminalidad, y cualquier esfuerzo por mejorar la capacidad de respuesta del Estado debe ser valorado con seriedad.
Además, a partir de estos cambios, la responsabilidad de la seguridad pública recaerá en las autoridades de la próxima administración. El gobierno no tendrá más pretextos: ya no podrá seguir culpando al pasado. Se le han dado las herramientas legales, operativas y financieras que pidió para garantizar una seguridad pública eficaz. Las promesas ya están hechas, los recursos asignados, y el plazo para implementar está corriendo. El pueblo espera que esta reforma, por la que tanto apostó el gobierno a pesar de las resistencias, logre una disminución real de los índices de criminalidad. Sólo el tiempo dirá si fue el paso correcto. Por ahora, no queda más que confiar y exigir resultados.
Abogado penalista.
