La reciente reforma al artículo 21 de la Constitución, que fortalece las competencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representa un punto de inflexión en el diseño institucional de la seguridad pública en México. Bajo la dirección de Omar García Harfuch, esta "supersecretaría" concentra atribuciones que tradicionalmente se distribuían entre diversas instancias federales, estatales y municipales. No obstante, la medida, aunque ambiciosa, plantea interrogantes sobre sus implicaciones prácticas y democráticas.
Por un lado, la consolidación de competencias en una sola entidad busca atender una de las críticas más recurrentes en el sistema de seguridad pública: la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Este problema ha resultado en operativos fragmentados, duplicidad de funciones y una preocupante ineficiencia en la respuesta a las crisis de violencia y criminalidad que azotan al país. Por otro, aunque la experiencia internacional muestra que los modelos centralizados de seguridad pueden ser eficaces en circunstancias específicas, también evidencian que se requieren robustos mecanismos de control externo. En países como Colombia, por ejemplo, la concentración de esfuerzos en una autoridad central permitió avances significativos en la lucha contra el narcotráfico, pero también derivó en graves abusos de derechos humanos y en una dependencia excesiva de líderes carismáticos. México debe aprender de estos precedentes para evitar reproducir errores a fin de evitar los peligros de concentrar funciones estratégicas en una sola entidad o individuo, especialmente en un contexto donde los controles y contrapesos suelen ser insuficientes.
La nueva estructura institucional también debe priorizar el fortalecimiento de capacidades regionales. La centralización no debe convertirse en un pretexto para desentenderse del apoyo a estados y municipios, que enfrentan cotidianamente los estragos de la violencia. Es imperativo que se articule una estrategia integral que contemple la capacitación policial homologada, el desarrollo de tecnología para la prevención e investigación del delito y, sobre todo, la inclusión de comunidades en la construcción de soluciones de seguridad.
La reforma también despierta preguntas sobre cómo se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas. La "supersecretaría" asumirá responsabilidades que van desde la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad hasta la coordinación directa con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Esta última, cabe recordar, de por sí ya enfrenta un escrutinio por su papel militarizado en tareas de seguridad pública y por su incorporación formal a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como quiera que sea, esta reforma puede entenderse como una oportunidad para impulsar un mejor futuro de la seguridad pública en el país, con una visión de Estado que integre políticas sociales, jurídicas y profesionales orientadas a la prevención e investigación de los delitos. Por lo mismo, es responsabilidad de todos los actores involucrados garantizar que este esfuerzo no sólo sea funcional en el corto plazo, sino que también siente las bases de un sistema de seguridad más eficaz, justo y respetuoso de los derechos humanos.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com