Es indiscutible que los estados tienen derecho natural a establecer sus políticas y leyes migratorias. Por lo mismo, resulta imposible prohibir a una nación que imponga requisitos y condiciones a los extranjeros que deseen radicar en ellas o cruzar por sus fronteras, incluso bajo el argumento de los derechos humanos. Tampoco hay forma, ni desde el derecho internacional, ni desde la fuerza del poder, de que un país obligue a otro a recibir migrantes en contra de su autodeterminación o de las leyes aplicables. A menos, claro está, de que la nación débil lo permita, como ha ocurrido en México desde hace muchos años, por mucho que se quiera negar, con la consecuente transformación de sus normas migratorias válidas a regulaciones ineficaces, inútiles e incluso criminales.
Así es. De nada ha servido que nuestra Constitución disponga que los extranjeros gozan de los mismos derechos humanos que los mexicanos, si en la práctica los migrantes han sido y siguen siendo víctimas de discriminación, inseguridad, violencia y toda clase de violaciones a sus derechos ¡reconocidos en nuestras leyes! Desde hace muchos años, por ejemplo, se dice que “la migración no es delito” pero quienes vulneran las normas migratorias y no caen en las garras de la delincuencia organizada pero sí en las del Instituto Nacional de Migración (INM), son encerrados en las eufemísticamente llamadas “estancias migratorias”, construidas con rejas y candados, sujetas en muchos aspectos al régimen penitenciario que se aplica en las prisiones de nuestro país, y que operan al margen de las garantías penales sobre debido proceso.
La tragedia ocurrida hace unos días en Ciudad Juárez es muy elocuente con la depravación de nuestro régimen de control migratorio. Alguien ordenó encerrar a los migrantes en instalaciones gubernamentales como si fueran delincuentes. Alguien mandó a colocar candados en las rejas. Alguien, tal vez el mismo, ordenó no abrirlas aún con el incendio en curso que estaba cobrando vidas. Y como ese “alguien” es un servidor público de alto nivel —no se necesita una investigación sesuda para intuirlo—, que seguramente seguía órdenes de más arriba, es innegable que los hechos de Ciudad Juárez son un crimen de Estado. Aunque duela decirlo, aunque duela que así sea.
Ya lo demás, o sea, si los migrantes estaban allí por órdenes de los Estados Unidos, si había una empresa de seguridad privada contratada para custodiarlos, o si las autoridades llevarán a juicio sólo a servidores públicos y empleados menores o también a la cadena de mando, todo eso, aunque importante para conocer la verdad, es en realidad secundario. Lo central, como se ha dicho hasta el cansancio, es que la regulación migratoria en México ha demostrado con creces su injusticia, ineficacia y carencia absoluta de sentido ético. Y eso no puede seguir.
A estas alturas, quién sabe si la solución sea la sustitución del INM por una Coordinación de Asuntos Migratorios, como se ha anunciado por voceros no oficiales del gobierno Federal. Habría que ver el detalle de los documentos jurídicos. Pero lo que sí urge, es que desde ya los migrantes dejen de ser tratados como delincuentes. Ese sí que sería un buen primer paso.
Abogado penalista.@JorgeNaderK
