Estoy seguro de que la mayoría estamos de acuerdo en que la obediencia al poder se justifica cuando el poder se organiza y funciona en torno a la justicia. Si las leyes promueven objetivos justos, es legítimo que se impongan coercitivamente a quienes no las obedezcan. Si los poderes ejecutivos aplican las leyes para la efectiva materialización de esos objetivos justos, entonces es válido que se sancione a quienes no acaten las determinaciones gubernamentales. Si los poderes judiciales, en fin, resuelven las controversias a fin de proteger derechos enraizados en los objetivos de la justicia, nadie cuestionaría las sentencias de los jueces. La justicia, así, legitima al poder y que éste sea obedecido. El problema que se ha intentado resolver desde tiempos inmemoriales y que hoy día es aún más profundo, es determinar qué es lo justo para el común de quienes integramos la colectividad.
¿Justo es reconocer los derechos naturales en la legislación positiva? Pero entonces, ¿quién dicta cuáles son esos derechos naturales? ¿Justo es que el poder legislativo establezca sin más las leyes que deben acatarse? Pero entonces, ¿cómo podemos garantizar que esas leyes recojan los valores que la sociedad determina como justos? Porque, además ¿cuáles serían esos valores? ¿Justo es que los poderes judiciales puedan anular leyes de manera contra-mayoritaria, es decir, contradiciendo a las mayorías democráticas representadas por los legisladores? Y si ninguna de esas preguntas puede contestarse de manera convincente, entonces ¿justo es lo que piense el grupo de poder en turno que es justo? La historia de la humanidad muestra, una y otra vez, que no existe una fórmula incuestionable que lleve a establecer qué es justo y aún frente a ello hemos buscado y seguimos buscando alternativas lo más convincentes que sea posible.
Hay que admitir, sin embrago, que en la actualidad se reconocen valores comunitarios de justicia que antes no eran considerados. La protección de los derechos y libertades de las mujeres, de los grupos desfavorecidos y de la diversidad en todas sus formas, incluyendo la racial, es impostergable. Las naciones ya no son uniculturales, por lo que debemos valorar las distintas costumbres, culturas e idiomas con empatía, solidaridad y en igualdad de condiciones. La protección del medio ambiente, de los animales y de todos nuestros recursos climáticos, así como la regulación de problemas globales como la economía, las comunicaciones, la inteligencia artificial, la delincuencia organizada y la migración, que benefician a unos pero afectan a casi todos, son preocupaciones cuya solución es ya urgente.
Sin duda, el reconocimiento de estos y otros valores de justicia y su reflejo en nuestras leyes es responsabilidad de nuestros gobernantes, especialmente de los poderes legislativos, para que el poder sea legítimamente obligatorio. Pero también depende de todos nosotros. Por ello, es fundamental dejar a un lado el individualismo de los intereses personales y participar activamente en la cosa pública, más allá de acudir a votar de vez en cuando. Se trata de un deber social permanente; de un valor republicano que debemos defender con su ejercicio.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. X: @JorgeNaderK