El 23 de agosto de 2024, la Ciudad de México dio un paso importante en la protección de los derechos humanos al publicar en la Gaceta Oficial un decreto que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal. Este hecho no sólo reconoce la gravedad de los crímenes motivados por odio hacia la identidad de género, sino que establece penas severas, de entre 35 y 70 años de prisión, y aún más en casos agravantes como la saña o la explotación sexual. Sin embargo, este logro plantea una serie de desafíos que deben ser abordados para asegurar la efectividad de esta legislación.
El principal reto reside en la implementación efectiva de esta normativa. La capacitación de jueces, fiscales y policías es imprescindible para asegurar que la ley no sólo sea aplicada, sino que se aplique correctamente. Sin una formación adecuada, existe el riesgo de que esta figura jurídica se convierta en un instrumento ineficaz, quedando sólo en papel.
Otro desafío relevante es la prevención de la revictimización. La ley exige que la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación actúen sin prejuicios de género y eviten la revictimización. Sin embargo, cambiar la cultura institucional dentro de estas instituciones no es tarea fácil. Se necesita un compromiso continuo para garantizar que las víctimas y sus familias sean tratadas con el respeto y la dignidad que merecen, erradicando prácticas discriminatorias que aún persisten.
La recolección y análisis de datos sobre estos delitos será clave. La obligación de generar estadísticas e informes debe ir acompañada de un sistema de registro eficaz y confiable. Este sistema no sólo permitirá identificar patrones y mejorar la respuesta del Estado, sino que también contribuirá a visibilizar estos crímenes, evitando el subregistro que tanto ha afectado a la comunidad transgénero.
La conciencia social juega también un papel esencial. Aunque la legislación es un avance, no basta por sí sola para erradicar la violencia y discriminación. Es imperativo que se promuevan campañas de sensibilización que combatan los prejuicios sociales y fomenten una cultura de respeto y aceptación. Este esfuerzo debe ir de la mano con el fortalecimiento de programas de apoyo integral para las víctimas y sus familias, asegurando que no sólo reciban justicia, sino también el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.
Finalmente, la asignación adecuada de recursos es imprescindible para el éxito de esta legislación. Sin recursos suficientes, tanto humanos como financieros, las instituciones encargadas de aplicar la ley enfrentarán serias limitaciones.
El Congreso de la Ciudad de México merece reconocimiento por la aprobación de estas reformas, que demuestran un firme compromiso con la justicia y la inclusión. Este nuevo marco legal envía un poderoso mensaje sobre la responsabilidad del Estado en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género. No obstante, para que la legislación cumpla con su objetivo, es necesario un esfuerzo institucional conjunto y sostenido que garantice su implementación efectiva y que la sociedad, en su conjunto, se sume a esta lucha por una mayor equidad y justicia.
Abogado penalista.
