El Poder Judicial se encuentra frente a una encrucijada que amenaza su supervivencia y, con ella, al principio democrático de división de poderes establecido en nuestra Constitución para que el poder limite al poder. El problema no es menor, pues sin equilibrios entre los poderes es imposible un Estado que garantice las libertades individuales y las personas puedan establecer sus propios planes de vida dentro de un marco general que proteja sus derechos humanos. Imaginar, entonces, un país en el que no exista un Tribunal Constitucional con la fuerza y autonomía suficientes para anular las leyes y actos de la autoridad que vulneren nuestros valores fundamentales, equivaldría a pensarnos dóciles ante un autoritarismo que de ninguna manera serviría a los gobernados.
A lo largo de nuestra historia, especialmente desde el triunfo de la Revolución Mexicana, hemos observado un pretendido sistema de separación de poderes en el que realmente no ha funcionado el Poder Legislativo. Sexenio tras sexenio, los miembros del Congreso de la Unión suelen aprobar sistemáticamente y en la medida de sus mayorías parlamentarias las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. A veces no les ha sido fácil, desde luego, y han tenido que negociar, ceder un poco o modificar en algo los textos. Otras, las menos, no han contado con los votos necesarios para aprobaciones calificadas. Pero siempre, hay que reconocerlo, han mirado por los intereses políticos del presidente en turno más que por lo que convenga a la gente. Así entonces, no podemos afirmar, la verdad, que tengamos un Poder Legislativo autónomo, al margen de los legisladores que en lo individual han sido auténticos demócratas.
Sin embargo, esto no ha afectado fatalmente a nuestro estado de derecho, ya que, a pesar de navegar en un sistema con un Poder Legislativo sometido al Poder Ejecutivo, en general hemos contado con un Poder Judicial independiente que, con sus matices naturales, ha logrado salvaguardar la Constitución, mantener las libertades, preservar una organización gubernamental democrática e incluyente y administrar justicia conforme al orden jurídico que nos hemos dado los mexicanos para nuestro bienestar.
Por ello es tan desafiante el aprieto en el que se ha puesto al Poder Judicial. Es obvio que las críticas infundadas, la cotidiana estrategia de Estado para desprestigiar a los ministros “desleales” y de paso a todo el aparato de justicia, las amenazas -incluso de muerte- promovidas por activistas violentos y por gobernantes (léase, el de Veracruz) y las restricciones presupuestales con las que se le castigará al momento de aprobar el presupuesto del próximo año, tienen el propósito de someter al Poder Judicial. Entonces, una de dos: o los ministros deciden agachar la cabeza y con ello poner fin a lo que queda de división de poderes en detrimento de nuestras libertades, o bien, por mantener con valentía su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y preservar así a nuestra República. Sin lugar a duda, estamos presenciando un momento decisivo nunca visto en el futuro del México que merecemos. Aún con todo, yo todavía confío en que nuestros ministros sabrán estar a la altura de la historia.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. @JorgeNaderK
