Desde hace más de diez años, la idea de digitalizar la justicia ya estaba presente en la convicción de sus operadores e incluso en ley. Por ejemplo, la Ley de Amparo, emitida en 2013, incluyó la posibilidad de presentar escritos en forma electrónica y a través del uso de firma digital. En otro ejemplo, en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado en 2014, instituyó que durante todo el proceso se podrán utilizar los medios electrónicos para facilitar su operación, incluso desde la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. También dispuso que la videoconferencia y otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la realización de actos procesales, así como para la recepción y la transmisión de pruebas. No obstante, esas y otras disposiciones resultaban disruptivas, desconfiables. Prevalecía la cultura del papel.
A partir de marzo de 2020, con la llegada del Covid-19, nuestro gobierno implementó medidas de distanciamiento físico, cuarentena, suspensión de actividades y un largo etcétera. Fue entonces que nuestra justicia colapsó; cerró sus puertas. Los tribunales se paralizaron durante muchos meses, en un retardo del que todavía no salimos adelante.
En ese lúgubre contexto, el Poder Judicial de la Federación fue de las pocas instituciones que estuvo a la altura de las exigencias. Aprovechando las posibilidades legales existentes, emitió acuerdos que hicieron posible el uso del expediente electrónico y la digitalización de la justicia en cualquier asunto de naturaleza federal, y no sólo en amparos o en temas penales. Así, con todo y los enormes desafíos en la mejora continua del sistema en línea, poco a poco se ha hecho común y corriente acudir a la justicia electrónica en materia federal. Van desapareciendo los temores a eso tan inmaterial como lo digital.
Pues bien, a partir del regreso a la “nueva normalidad” anunciado recientemente por el gobierno mexicano, las instancias federales han hecho lo propio. En el Poder Judicial de la Federación se anunció que a partir de esta semana se regresa al esquema anterior a la pandemia, desde luego con medidas preventivas, por lo cual ya no será necesario obtener cita para acudir a los tribunales y se retomarán los procedimientos usuales en la gestión de casos. Pero, además, bajo la idea de que ha llegado el momento de dar un paso sin precedentes en el compromiso con el uso responsable de las tecnologías y la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, se darán los cambios necesarios hacia la eliminación casi total de documentos físicos. ¡Enhorabuena!
Sin lugar a duda, las acciones anunciadas por el Consejo de la Judicatura Federal marcan la transición definitiva a la digitalización de la justicia federal. Ojalá que los sistemas informáticos que lo hagan posible sean seguros y amigables; de uso popular, capaces de brindar interconectividad entre los operadores, así como de llevar la gestión integral de los procedimientos. Ojalá, también, las instituciones de procuración de justicia y los tribunales estatales hagan lo propio, tarea en la que, hasta hoy, han resultado reprobadas.
