Las normas supremas de los países organizados en un Estado democrático de derecho deben ser obedecidas por todos, independientemente del proyecto político en vigor. A tales fines, todas ellas prevén la existencia de autoridades capaces de anular las leyes secundarias que las contravengan. En México, el asunto está bien definido. Desde su independencia, decidió erigirse en una República con un Poder Judicial encargado de resolver controversias, pero siempre bajo la brújula de la Constitución. Así, nuestra SCJN se estatuyó como un Tribunal Constitucional con atribuciones explícitas para invalidar leyes contrarias a la norma suprema, sea porque su contenido sea incompatible con ella o porque sean resultado de trámites viciados.
Es muy claro para el constitucionalismo mexicano, desde hace por lo menos 30 años, que el cumplimiento de los procedimientos tiene la misma importancia que el contenido de las leyes emanadas de aquéllos. Eso fue lo que prevaleció en la discusión de esta semana. Una mayoría calificada de nueve ministros determinó que el procedimiento legislativo que produjo las leyes del primer bloque del Plan B electoral fue desaseado en términos graves. Que se apresuró sin justificación. Que se pasaron por alto los trámites parlamentarios establecidos en la propia ley que regula el trabajo del Congreso de la Unión. Y que todo ello ocurrió en términos tales que se impidió el necesario debate democrático garantizado en la Constitución. Así, parafraseando al ministro Zaldívar, el ilegal procedimiento envenenó mortalmente al producto legislativo, de modo que el Pleno de ministros no tuvo más remedio que anularlo y, en vía de consecuencia, a las reformas aprobadas.
Ahora bien, es posible que las leyes invalidadas pudiesen ser meritorias. Que mucho de sus contenidos resultasen apropiados, beneficiosos para nuestros procesos electorales, plausibles e incluso necesarios. Si así fuera, como de hecho afirman los legisladores que los aprobaron, lo cual, por cierto, no dudo, entonces, ¿qué necesidad había de atropellar de forma tan grave el procedimiento parlamentario? ¿nuestros legisladores de veras no midieron que el derroche de poder que con toda soberbia estaban ejecutando -rayano en autoritarismo, o propiamente tal- no tendría consecuencias? En honor a la verdad, haber esperado unos cuantos días para que corriera el trámite legislativo hubiese sido más que suficiente para legitimarlo y entonces sí aprobar bien y con cómoda mayoría las leyes electorales. Así de sencillo era evitar la declaratoria de invalidez. Lo sabían, pero optaron por seguir adelante.
No cabe duda de que los legisladores que aprobaron las reformas hoy invalidadas llevan, en el pecado, la penitencia, aunque no lo quieran o no lo puedan ver. Ante sus errores, les resulta más cómodo defenestrar a la SCJN en vez de hacer un sincero ejercicio de autocrítica y asumir las consecuencias de sus actos, que bien conocían. En fin, a lo mejor es mucho pedirles que en el futuro hagan bien su trabajo, que cumplan la ley que ellos mismos se dieron, y entonces sí demuestren, con hechos, que no son iguales a los nefastos legisladores -con algunas excepciones- que hemos padecido durante decenios.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. @JorgeNaderK
