El relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública abre una nueva oportunidad para incorporar a la “legalidad” en la estructura curricular del plan de estudios para educación básica, una vez que concluyan las pruebas piloto del nuevo modelo, que se aplicarán en aproximadamente mil escuelas a partir del 29 de octubre próximo. De esa forma, comenzaría a hacerse realidad en niños, niñas y adolescentes el pensamiento y elección de valores apegados a una cultura de la legalidad que en el mediano y largo plazo fructifiquen en un auténtico abatimiento de las causas del delito, que hoy se cimientan en la idea de la impunidad.
No afirmo nada nuevo al recordar que la prevención del delito no es el trabajo primario de las policías; comienza en la educación: la que deriva de las familias, sí, pero también la que imparten las escuelas y que se instituye como un derecho humano que debe fomentar en las personas el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos y las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia, la justicia y la solidaridad comunitaria.
De allí que resulte primordial que los programas educativos de los distintos niveles de la educación básica -primaria, secundaria y preparatoria- contemplen ejes articuladores, campos formativos y procesos de enseñanza-aprendizaje aptos para que se siembre en las personas la idea de que nuestra sociedad está organizada bajo reglas que regulan la convivencia y que sólo en la medida en que esas reglas se acepten y cumplan se logrará el efectivo desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano.
¿Nos gustaría un México en el que las personas crean, de veras, que no deben de apoderarse de lo ajeno, así como otros no se apoderarán de lo de ellas, y actúen en congruencia? ¿en el que asuman en lo profundo de su ser que no es correcto dañar de ninguna manera al prójimo? ¿en el que se comporten voluntariamente de acuerdo con las leyes, sabiendo que de lo contrario serán descubiertas y castigadas? Todo ello comienza en la educación formal, por ingenuo que parezca, como demuestran estudios comparados sobre incidencia delictiva.
Tomemos el ejemplo de la cultura de preservación medioambiental que se encuentra tan arraigada en los jóvenes. ¿Acaso se debe a la acción persecutoria del Estado? Por supuesto que no: deriva de un largo pero efectivo proceso de concientización sobre la importancia del entorno ambiental para nuestra subsistencia, arraigado en la educación formal que imparten las escuelas. ¿Qué podríamos lograr como sociedad si seguimos el mismo camino, pero ahora en lo tocante a una cultura de legalidad? Nada malo, sin duda; y mucho que ganar, también sin duda.
No se necesita ser una persona experimentada en administración educativa para saberlo. Es, casi casi, un asunto de sentido común, que además se encuentra muy lejos de consideraciones políticas o electorales. Estamos a tiempo de intentarlo y el cambio de secretaria de Educación Pública nos convoca a insistir, una vez más, en la necesaria inclusión de la legalidad en nuestra educación formal. Es una apuesta a largo plazo, pero con ganancias en verdad notables.
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