Para Ciro Gómez Leyva, con mi solidaridad.
No conozco a Ciro Gómez Leyva en persona y a veces, como es natural, no coincido con su visión. Sin embargo, lo respeto enormemente como periodista, como persona y como mexicano, y desde estas líneas le expreso mi solidaridad junto con el alivio de que haya resultado físicamente ileso del injustificable atentado del que fue objeto, que lo agravia a él y a lo mucho de bueno que representa el derecho a la información y la libertad de expresión; sin duda, dos de los derechos humanos de mayor trascendencia social. Por ello, es indispensable que nuestro sistema de justicia penal arroje resultados que esclarezcan el hecho rápida y eficazmente, sin especulaciones, ya sea por las autoridades de la Ciudad de México, o por las federales.
Y no podría ser de otra manera: los delitos contra periodistas vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, sí, pero también generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo, como bien ha dicho la Organización de Estados Americanos. Tanto es así que, si bien el homicidio en grado de tentativa es un delito del fuero común -y que a veces las autoridades locales tienen mayores capacidades de investigación que las federales-, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una competencia especial a cargo de la Fiscalía General de la República para atraer cualquier delito cometido contra periodistas, todo ello de acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que el asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir e investigar tales hechos, sancionar a los responsables y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
Los periodistas “se han convertido en uno de los grupos más vulnerables al crimen”. Así lo dijo la entonces senadora Dolores Padierna en 2017. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Solamente el alarmante crecimiento en el número de periodistas agredidos/as y la adopción manifiesta de una narrativa pública que contribuye cotidianamente a la violencia contra ellos/as, porque si de la falta de capacidades del mecanismo especializado de protección de periodistas y de la falta de diligencia en la prevención de los delitos contra comunicadores hablamos, ambas, a juzgar por los resultados, permanecen igual.
El caso de Ciro Gómez Leyva y de tantos y tantos periodistas agredidos/as nos llama a recordar que el Estado mexicano tiene la primordial obligación de implementar acciones eficaces de prevención dirigidas a atacar las causas de la violencia contra periodistas —entre ellas la abolición de los discursos de odio— al ser evidente que la seguridad de los/as comunicadores no se debe de limitar a la toma de medidas después de que hayan ocurrido los hechos ilícitos; y que cuando éstos suceden, deben perseguir y sancionar eficazmente a todos los que resulten responsables. Eso esperamos en este y en todos los casos.
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