El tercer y último debate presidencial, en el que se habló de seguridad y delincuencia organizada, sólo sirvió para que las candidaturas reafirmaran sus diferentes posturas frente al fenómeno de la criminalidad y cruzaran acusaciones sobre lo que ha ocurrido desde hace sexenios. Poco se dijo que indicara un intento de reconciliación o al menos de equilibrio entre las distintas visiones y que, a partir de la próxima administración, pudiera servir para resolver un problema, el más significativo, que nos compete a todos, más allá de nuestra ideología o preferencia política.
Podrá decirse que las candidatas coincidieron en la importancia de la prevención. Es verdad, pero la forma de lograrla es donde las diferencias son irreconciliables. Para Claudia Sheinbaum, se conseguirá con más guardia nacional militarizada; para Xóchitl Gálvez, con una policía civil. De la promoción de una cultura de legalidad y de cerrar la brecha de desigualdad social en una estrategia integral de prevención del delito, nada se dijo. El problema, para ambas, sigue siendo eminentemente policial, cuando que en realidad es mucho más integral y de largo alcance.
Lo mismo sucedió en lo que se dijo sobre procuración de justicia. La novedad fue el anuncio de Claudia Sheinbaum sobre que el Fiscal General de la República participaría en las reuniones de seguridad. Sin embargo, ¿cuál sería la función de la Fiscalía en esas reuniones? ¿Ejecutar los acuerdos del gabinete de seguridad? Es incuestionable que la criminalidad debe enfrentarse con acciones coordinadas, pero así como está construido nuestro sistema de justicia penal, a las fiscalías les corresponde investigar los delitos lo suficientemente bien como para que los casos no se caigan en los tribunales y ello significa que cualquier coordinación que se quiera entre el Poder Ejecutivo y la FGR no puede pasar de conversatorios sobre la mejor forma de que las policías actúen como primeros respondientes o sobre las buenas prácticas al momento de que las policías auxilien al Ministerio Público en la investigación de los delitos, pero nada más. La coordinación no puede ser para decirle qué hacer o que no hacer a la Fiscalía, ni cómo resolver algún caso.
En cuanto al Poder Judicial, sucedió lo mismo: posturas encontradas y acusaciones recíprocas sobre si el ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, estuvo al servicio del presidente López Obrador minando la autonomía e independencia de ese Poder; sobre si el Poder Judicial se ha extralimitado anulando leyes aprobadas por el Congreso; o sobre si la actual presidenta, Norma Piña, presionó a magistrados del Tribunal Electoral para reunirse con el dirigente del PRI, Alejando Moreno. Nada se dijo de las necesarias garantías para que los juzgadores desempeñen el servicio de la justicia con plena autonomía e independencia al momento de resolver las controversias.
Más allá de lo anecdótico, el tercer debate presidencial, así, no arrojó novedades sobre seguridad y delincuencia organizada. Tocará ahora a quien nos gobierne los próximos años demostrar con hechos que podrá enfrentar la criminalidad de manera eficaz para el beneficio de todas las personas. Los mexicanos lo merecemos, independientemente de nuestro pensamiento, filias y fobias políticas.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com
