El anuncio de Donald Trump para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) plantea implicaciones significativas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Aunque las intenciones de combatir el narcotráfico son claras, la medida parece más un arma política que una solución estratégica.
El marco legal estadounidense establece que las FTO son organizaciones extranjeras que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese sentido, la narrativa de Trump busca equiparar las actividades de los cárteles mexicanos con actos de terrorismo, aludiendo a su capacidad de causar daño masivo mediante violencia y tráfico de drogas. No obstante, esta equiparación simplifica un problema multifacético. Los cárteles, aunque extremadamente violentos, operan bajo lógicas delictivas distintas al terrorismo: buscan lucro, no imponer ideologías políticas o religiosas.
Si los cárteles son designados como FTO, Estados Unidos obtendría herramientas legales más amplias, como la posibilidad de congelar activos, prohibir apoyo material y realizar operaciones extraterritoriales bajo el pretexto de la legítima defensa. Sin embargo, estas acciones no están exentas de riesgos. La posibilidad de intervenciones unilaterales en territorio mexicano genera preocupación, pues constituye una violación flagrante de la soberanía nacional.
En términos diplomáticos, la designación podría fracturar la cooperación en seguridad entre ambos países. México ha trabajado durante décadas en colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y medidas unilaterales como esta podrían socavar la confianza mutua.
Además, hay riesgos sociales y económicos. El estigma asociado a esta designación podría impactar negativamente la percepción internacional de México, afectando el turismo, las inversiones extranjeras y las relaciones comerciales, particularmente en el marco del T-MEC.
No podemos ignorar que el narcotráfico es un problema compartido. La demanda de drogas en Estados Unidos alimenta las operaciones de los cárteles, mientras que el tráfico de armas desde ese país fortalece su capacidad operativa. La solución, por tanto, no radica en declaraciones simbólicas o acciones punitivas unilaterales, sino en estrategias conjuntas que aborden las causas profundas del fenómeno en ambos países. México debe redoblar esfuerzos para combatir la corrupción, mejorar la capacidad de las instituciones de justicia y fortalecer el Estado de derecho. Estados Unidos, por su parte, tiene la responsabilidad de reducir la demanda interna de estupefacientes y controlar el flujo de armas hacia México.
La amenaza de Trump no resolverá el problema del narcotráfico ni garantizará mayor seguridad para los ciudadanos de ninguno de los dos países. Por el contrario, podría generar tensiones diplomáticas, debilitando la cooperación que tanto se necesita en este momento. Es fundamental que ambos gobiernos dialoguen y diseñen estrategias conjuntas, con respeto a la soberanía y a los derechos humanos. Combatir al crimen organizado exige una visión integral basada en la prevención, la justicia y el desarrollo social, no en etiquetas que generan más problemas que soluciones.
Abogado
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