El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, responsable del diseño y promoción de políticas públicas de prevención, disuasión y control de faltas administrativas y hechos de corrupción, y que se encuentra integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, así como de representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana, está a punto de recibir un golpe letal: la eliminación de su secretaría ejecutiva.
Bajo el argumento de una “simplificación orgánica”, se cocina en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas que, entre otras cosas —plausibles, como la fusión de algunos órganos desconcentrados a las secretarías de Estado que les son propias—, plantea la eliminación de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; del organismo descentralizado encargado de brindar el apoyo técnico y los insumos necesarios al Comité Coordinador para el desempeño de sus atribuciones, destacadamente a la hora de promover, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas encauzadas al combate a la corrupción.
¿Las razones? Según el documento entregado al legislativo, la secretaría ejecutiva desempeña “funciones confusas”, además duplicadas con las que ya ejerce la SFP en colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción. Luego entonces, plantea la iniciativa, las atribuciones de la actual secretaría ejecutiva deberán ser desempeñadas por el personal adscrito a las estructuras dedicadas al combate a la corrupción de la SFP, con los mismos presupuestos con que cuentan pues “la racionalización de recursos que permitirá la supresión [de la secretaría ejecutiva] servirá de ejemplo de funcionamiento administrativo adecuado, óptimo y racional en un tema en el que es fundamental no generar estructuras burocráticas injustificadas y opacas, es decir, dispendio de recursos públicos.”
Pese a sus teóricas bondades, trasladar las funciones de la secretaría ejecutiva a una de las instituciones integrantes del Comité Coordinador implicará para la SFP cargas laborales extraordinarias, así como impactos normativos y presupuestales que no se le están proveyendo. Por ejemplo, ¿cómo podrá la SFP articular los esfuerzos de las instancias autónomas o que pertenecen a otros poderes, sobre las que no ejerce autoridad? Pero además, que el encargado del apoyo técnico y de los insumos en auxilio al Sistema Nacional Anticorrupción sea uno de sus jugadores, no augura nada bueno.
Por lo tanto, al contrario de lo que se pretende, la eliminación de la secretaría ejecutiva dejará al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sin posibilidades reales de promover, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas anticorrupción emitidas en el marco de sus funciones. Y en un gobierno que se precia de luchar a tambor batiente contra la corrupción, ello será lamentable. ¡Qué mal! En lugar de fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, se le golpeará gravemente.