En la edición vespertina del Diario Oficial del pasado 21 de octubre, se publicó un Decreto presidencial por el que se modifica la denominación de “Telecomunicaciones de México”, Telecomm, para quedar como “Financiera para el Bienestar”, y se reforman varios artículos de su normatividad. Pero ¿qué tiene que ver una oficina de telecomunicaciones con una empresa financiera? El nuevo Decreto intenta explicarlo:
En 1986 nació “Telégrafos Nacionales” cuyo principal objeto fue la prestación del servicio público de telégrafos. Tres años después, en 1989, se modificó su denominación por “Telecomunicaciones de México” y en 2006 se le asignaron las funciones adicionales de prestar servicios asociados al giro telegráfico, el cobro y pago de cuentas, el pago de los beneficios derivados de los programas sociales, y los relativos a la interconexión de sistemas con instituciones bancarias para los servicios de transferencia de dinero.
Hoy día, expresa el Decreto, con el propósito de “impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables” (¿?) y tomando en cuenta que Telecomm cuenta con una red de más de 1,700 sucursales, muchas de las cuales se localizan en poblaciones alejadas y de alta marginación y que quién-sabe-cómo- también ofrecen los servicios de pago y cobranza de servicios públicos y privados, venta de tiempo aire y remesas internacionales para recibir y enviar dinero en efectivo desde y hacia cualquier parte del mundo, pues ya de plano, sigue diciendo, es necesario que Telecomm cambie de nombre por el de “Financiera para el Bienestar”.
Si ya de por sí suena extraño que una empresa de telecomunicaciones se denomine “financiera”, el Decreto no se detiene en el mero cambio de nombre. Más adelante dispone que “Financiera para el Bienestar” también podrá ofrecer créditos, promover el ahorro, intermediar en el cambio de divisas, así como ofrecer instrumentos de inversión, servicios financieros básicos y financiamientos. Además, tendrá a su cargo el fideicomiso del programa de “Microcréditos para el Bienestar” (Tandas), por lo cual administrará y decidirá el destino de los recursos ya existentes en ese fideicomiso, así como la cartera de créditos, cobros y reembolsos que en el futuro le transfieran las dependencias y entidades federales relacionados con programas sociales.
Por si fuera poco, “Financiera para el Bienestar” también se ocupará de la recuperación de los adeudos de otro programa: el de “Apoyo Financiero a Microempresas Familiares”, que tuvo por objeto la permanencia de los micronegocios y empresas ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y que entregó recursos millonarios que no han sido pagados.
Telégrafos, giros telegráficos, operación de redes públicas de telecomunicaciones, radiotelegrafía e interconexión; servicios financieros, financiamiento, administración de fondos, actividad cambiaria y gestión de cobranza judicial y extrajudicial. Todo en uno. ¿Será que nuestros diputados le asignarán a “Financiera para el Bienestar” el presupuesto suficiente para lograr bien tan numerosas atribuciones?, ¿será un fracaso más en ciernes al estilo del “Instituto de Salud para el Bienestar”?, ¿será un éxito redondo? Esta historia apenas comienza.
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@JorgeNaderK
