En la longeva lucha por minimizar la pobreza se dimensiona con más claridad el presupuesto público en programas sociales.
Si se considera la pobreza en México sólo a través del nivel de ingreso, el 52.8% de la población es pobre y el 17.2% se ubica en pobreza extrema, pero si se analiza el bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial, por ejemplo, las cifras descienden 8.9 y 8.7% respectivamente.
Ahora, entre los indicadores de carencias sociales, destaca la falta de alimentación al presentar un nivel superior al registrado en 2008. También destaca el poco avance para disminuir el rezago educativo y aparece, de forma simultánea, el retroceso de acceso a servicios de salud al mismo nivel que se tenía una década atrás.
Ante esto, se requiere incrementar el gasto social para superar las desventajas existentes en los grupos vulnerables o focalizarse en la población objetivo.
CONEVAL publicó los resultados de la pobreza en México de 2020 y mostró un incremento de 3.8 millones de personas en pobreza en relación con 2018 según el Método de Medición Multidimensional de la Pobreza. Con tal metodología, la pobreza extrema registró un aumento de 2.1 millones de personas al pasar de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en 2020.
Sin embargo, la desigualdad económica observa una moderada reducción del 00.7 del 2018 al 2020. Si se incluyen las transferencias, el coeficiente disminuye 2.5% al contabilizar 0.426 y 0.415 en los años señalados.
Así debe plantearse: ¿La reducción de la desigualdad económica a través de transferencias gubernamentales a grupos vulnerables es una ilusión o en forma efectiva proporciona herramientas para el desarrollo de potencial humano?
A nivel mundial la tasa de pobreza extrema o personas que viven con menos de 1.90 dólares estadounidenses al día, logró una reducción de 36.2% a 9.2 % en 2017, lo que representan 689 millones de personas. Sin embargo, en el 2020 se sumaron personas en pobreza extrema y pobres y hoy se sitúan entre 703 millones y 729 millones, respectivamente.
Es decir, aunque las tasas de pobreza previstas para 2020 son similares a las de 2017, se prevé que los efectos de la pandemia retrasarán al menos tres años los avances para limitar la pobreza extrema en el mundo.
Por otra parte, en los últimos dos años la desigualdad económica se ve afectada en la región de América Latina. Esto por la pérdida de ingresos laborales o disminución de los mismos durante la pandemia, que es 5.6% más alto en el 2020 con respecto al año previo. Esto logró atenuarse debido a las transferencias gubernamentales concentradas en los grupos de ingreso bajo y medio, con lo que se redujo el efecto del desempleo en 2.7%.
Vale mencionar que el 60% del ingreso para este sector poblacional proviene del trabajo remunerado, sea por ocupación asalariada o por ocupación por cuenta propia, mientras las transferencias públicas y las provenientes de otros hogares representan el 10% del ingreso cada una, mientras las pensiones contributivas y los ingresos por la propiedad de activos suman en conjunto 3% del ingreso total.
Con ello se observa la profundización de las desigualdades estructurales, el incremento de la informalidad, la falta de protección social y la ampliación de requerimientos de recursos públicos para fortalecer la alimentación, salud, educación y calidad de las viviendas.
En sí, aún existe mucho por hacer para propiciar una vida digna en conjunto con el respeto a los derechos humanos.
