A raíz de la pandemia de Covid-19, a nivel global existe una percepción más clara del riesgo en ámbitos gubernamentales y corporativos. Las irrupciones que pueden afectar las operaciones diarias impulsan industrias como los seguros patrimoniales, de salud y vida. Sin embargo, también existen excepciones de percepción y políticas que pueden incrementar riesgos potenciales.
Así, el gobierno federal de México extinguió un fideicomiso público destinado a desastres naturales que seguía recomendaciones del Banco Mundial en eficiencia y transparencia. Con ello se vulnera a la población que enfrenta emergencias.
El Fondo de Desastres Naturales ( FONDEN ), creado en 1996, era financiado por el Presupuesto de Egresos. Al inicio de cada ejercicio fiscal, se destinaba una cantidad no menor al 0.4% del presupuesto federal anual e incluía los fondos no comprometidos en FONDEN a finales del año fiscal anterior.
La instancia responsable del proceso de acceso a los recursos y de las declaratorias de desastre natural era la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mientras que la responsabilidad de asignación de los recursos correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ).
El FONDEN era un instrumento financiero dentro del Sistema Nacional de Protección Civil para atender los efectos de los Desastres Naturales, cuya magnitud superara la capacidad financiera de las entidades federativas.
Sin embargo, en 2022 no se le asignaron recursos en el presupuesto. El fideicomiso que atendía los daños ocasionados por distintos desastres imprevistos prácticamente desapareció. Y con él, las posibilidades de enfrentar distintos desastres no previstos.
Por ejemplo, en 2011 el FONDEN se aplicó para paliar los daños de los huracanes “Alex”, “Karl” y “Jova”, las tormentas tropicales “Matthew” y “Arlene”, inundaciones fluviales o pluviales e incendios forestales.
En 2012, Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas recibieron el 62.3% del fideicomiso por enfrentar daños por sequías severas, inundaciones fluviales y/o pluviales, el huracán “Jova”, lluvias severas, movimiento de laderas o sismo, lo que equivale a 6,420,116,722.52 de pesos.
En 2013 se autorizaron recursos por daños a 24 entidades federativas por una cantidad de 30,237,250,109 pesos, equivalente al 59.5% de la aportación total.
En 2014, este fondo se empleó para la rehabilitación de daños causados por lluvias severas, huracanes “Barbara” e “Ingrid”, tormentas tropicales “Manuel”, “Fernand” y “Bori” movimientos de laderas, inundaciones fluviales y/o pluviales y sismos.
Un año después se autorizaron recursos para desastres ocurridos entre el 2013 y el 2015, cuyos fenómenos de origen fueron lluvias severas, huracanes “Barbara” “Ingrid”, Odile” y “Cristina”, tormentas tropicales “Manuel”, “Fernand” y “Trudy”, inundaciones fluviales y pluviales, y movimientos de laderas.
En 2016 se autorizaron recursos para atender eventos ocurridos en el 2015 y en el 2016 en 18 entidades federativas que enfrentaron inundaciones fluviales, pluviales y/o costeras, lluvias severas, granizadas severas, huracanes “Blanca”, “Patricia” y “Newton”, nevadas severas y movimientos de laderas.
En 2017 FONDEN apoyó 25 entidades federativas que enfrentaron lluvias severas, granizadas, tormentas tropicales “Lidia” y “Trudy”, huracanes “Blanca”, “Patricia”, “Odile” y “Newton”, inundaciones fluviales, pluviales y costeras, así como nevadas, sismos y movimientos de laderas, por un monto total de 33,990,322,612.61 pesos.
En el 2018, los recursos autorizados fueron para atender los desastres naturales ocurridos entre el 2016 y el 2018 en 18 entidades federativas.
Hoy el riesgo latente crece. Carecemos de salvavidas.
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