La crisis del COVID-19 acelerará algunos cambios estructurales en curso en la última década.
Por ejemplo, las cuarentenas forzosas aumentarán la virtualización de las relaciones económicas y sociales, el teletrabajo prevalecerá en más industrias y regiones y la digitalización avanzará aún más rápido.
En este marco, las empresas más avanzadas tecnológicamente aumentarán sus ventajas en relación con las compañías atrasadas, en particular las mipymes integradas por micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% de las compañías en América Latina y generaron el 47.1% de los empleos en la región.
Los largos períodos de cuarentena de los trabajadores fomentaron la inversión en automatización y robótica. Algunas empresas de alta tecnología aumentaron el uso de herramientas de inteligencia artificial para enfrentar la falta de trabajadores por las cuarentenas. Al mismo tiempo, es probable que la crisis incremente el empleo informal como estrategia de supervivencia. En 2016 el 53.1% de los trabajadores de América Latina y el Caribe trabajaba en el sector informal según la Organización Internacional del Trabajo.
Mientras se acelera el ritmo en el que el trabajo y la educación pasan al ámbito digital al tiempo que permiten sostener comunicaciones personales y actividades de entretenimiento en los hogares, si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3.5 puntos porcentuales.
Por otra parte, aunque más del 67% de los habitantes de la región usaron internet en 2019 y la penetración de la banda ancha aumentó marcadamente, el incremento del uso de las tecnologías digitales puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos.
Asimismo, es probable que las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado de trabajo, lo que aumentará las tasas de trabajo infantil. La OIT estima que actualmente el 7.3% de los niños de 5 a 17 años (unos 10.5 millones de niños) de la región trabajan ya.
Ante el inminente deterioro de las capacidades productivas y del capital humano, las instituciones de educación superior en el país deben comenzar a generar programas, prácticas profesionales, servicios sociales y alianzas estratégicas tendientes a:
1. Disminuir los efectos significativos en el aprendizaje, especialmente de los más vulnerables.
2. Formación de docentes en materia de TIC.
3. Campañas de alfabetización y educación integral remota.
4. Evangelización digital.
5. Conocimientos profesionales pragmáticos que favorezcan el aprendizaje continuo.
En un mundo de alta incertidumbre y vulnerabilidad, no podemos asumir que los demás mejoren o asumir pasivamente que todo se resuelva. Ante un escenario como el que devasta la pandemia mundial se deben generar diversas aportaciones que nos generen un mejor futuro para todos.
Rector del Colegio Jurista y Director de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas.
