Si las señales enviadas recientemente por el gobierno federal van encaminadas a una reforma militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará la reestructuración militar más ambiciosa desde que el presidente Miguel Alemán Valdés ordenó la creación de 12 regiones militares.
En 1946, Alemán Valdés creó las regiones militares como una forma de facilitar su relación con los jefes militares. En lugar de lidiar con 33 jefes de zona militar, el presidente Alemán, reconocido como el primer civil que ocupaba el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas , tendría relación con sólo 12 comandantes de región.
Ahora, según se ha desprendido de varias filtraciones que la administración ha hecho y del reciente cambio en la jefatura del Ejército, López Obrador creará el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fusionará al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en una sola dependencia administrativa, y eliminará con ello las duplicidades y rivalidades que existen en cada una de las fuerzas de tierra, mar y aire.
Con un cambio relevante en el comportamiento de los grupos criminales que emplean tácticas terroristas para intimidar a la población y disuadir al gobierno de cualquier acción en su contra, López Obrador estará respondiendo con una estrategia militar común que evite la dispersión irracional y sin control del presupuesto y disminuya la rivalidad ancestral entre las fuerzas armadas y sus mandos castrenses.
Al mismo tiempo, el presidente estará creando la cuarta fuerza armada con la integración de la Guardia Nacional en la nueva estructura castrense. La Guardia Nacional se comportará como una unidad desconcentrada que cumplirá primordialmente las tareas de seguridad pública con el apoyo del resto de la fuerza militar y, esperamos, sus recursos unificados de inteligencia.
No son pocos ni menores los retos que tendrá que enfrentar la reforma militar impulsada en este sexenio. El primero es la corrupción interna dentro del Ejército.
Como lo han detallado investigaciones recientes sobre las compras militares, la Secretaría de la Defensa Nacional ha aprovechado los vestigios de su autonomía militar para tratar de esconder un proceso interno de desvío de recursos y lavado de dinero a través de empresas que el mismo gobierno considera en la categoría de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.
Este manejo administrativo lleno de irregularidades y, aparentemente impune, puede ser un obstáculo serio a la reforma militar, considerando la participación intensiva del Ejército en la administración de puertos marítimos , aeropuertos y la construcción de megaobras como el Tren Maya .
Al mismo tiempo de una reforma militar, el presidente tiene la oportunidad de impulsar un cambio en la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental que impida que los militares se escuden con el argumento de la seguridad nacional para mantener prácticas de opacidad en el manejo de los recursos presupuestarios . Dado que los militares están limitando sus actividades a la seguridad pública , no hay justificación para proteger el secreto militar con el argumento de la seguridad nacional.
Si esas prácticas administrativas de opacidad y autonomía persisten en la nueva dependencia que unifique a las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, quedaría sembrado un germen de corrupción que puede llevar el intento reformador al borde del fracaso.
El segundo reto se centra en la necesidad de disminuir la violación de derechos humanos resultado de la militarización de la seguridad pública. Hasta ahora, los militares combaten a las organizaciones delictivas en espacios abiertos urbanos donde ocurre la muerte de civiles inocentes y la ejecución extrajudicial de personas “sospechosas” de vínculos criminales. Varios elementos de la Armada de México están ahora vinculados a proceso por múltiples casos de desaparición forzada en el norte del país.
Un tercer reto proviene de una sociedad civil renuente a creer en los intentos reformadores del presidente. López Obrador ha tenido que privilegiar la necesidad estratégica de recomponer a las Fuerzas Armadas por encima de la exigencia de más de 200 organizaciones de la sociedad civil que reclaman la desmilitarización inmediata de la seguridad pública.
Ambas exigencias no son incompatibles y debieran cumplirse simultáneamente. Una reforma militar sin apego a valores democráticos y el respeto a los derechos humanos , estaría encaminada al aislamiento y condena de una sociedad civil organizada. López Obrador tendría que convencerlos de que la creación de la Guardia Nacional con un estatuto militar podría ser el primer paso hacia una desmilitarización efectiva, más allá de los discursos y promesas políticas .
El cuarto reto está dentro de las Fuerzas Armadas mismas. Aunque el comportamiento institucional está dentro de los cánones de disciplina y subordinación al mando civil. Los mandos militares, sin importar la fuerza de la que provienen, están acostumbrados a tratar sólo con el presidente y no reconocen a ninguna otra autoridad civil intermedia.
De cualquier forma, el presidente parece decidido a realizar la reforma militar más ambiciosa en los últimos 75 años. La forma de solucionar los retos que se le presenten determinará el impacto y la magnitud de su proyecto.
