En octubre de 2023 se firmaron los llamados Acuerdos de Barbados en los que el régimen de Maduro y la oposición en Venezuela pactaron, con la presencia de testigos de ocho países (incluyendo a México), garantías electorales y “el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales” de 2024. Como parte del quid pro quo, EU levantó de inmediato una serie de sanciones económicas contra el régimen.
Sin embargo, en enero pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la inhabilitación de la muy popular candidata de unidad de la oposición, María Corina Machado, violando flagrantemente los acuerdos. EU anunció el retorno de sanciones. La mayor parte de América Latina y todos los garantes de los acuerdos condenaron la inhabilitación, con la penosa excepción de México. Poco después, Maduro anunció que las elecciones se celebrarían el 28 de julio y que en marzo se abriría el registro de candidatos. Sin embargo, se atravesó una movida estratégica de Machado, quien encabezaba las encuestas con un amplio margen: la designación de Corina Yoris como candidata sustituta con el apoyo de la oposición en su conjunto. El régimen respondió bloqueando el registro de Yoris. La faena se completó con la adopción de la fascista ley “contra el fascismo”. Enfrentando a rivales de comparsa, con el distractor de Guyana, Maduro se encamina a una segunda reelección ilegítima.
La comunidad internacional ha reaccionado, aunque de manera tímida. Prácticamente toda la región, incluyendo a Lula y Petro, ha condenado las maniobras del régimen para impedir la candidatura de una rival popular y potencialmente victoriosa, primero con Machado y luego con Yoris. Pero, por el momento, ha habido poco más que declaraciones. Vergonzosamente, el caso de México es todavía peor. Nuestro país se quedó de nuevo solo. En lugar de sumarse a los demás y por lo menos presionar a Maduro, a la 4T no se le ocurrió otra cosa mejor que “incentivar" con una mordida de 660 dólares el regreso de venezolanos a su país. Se trata de migrantes que han gastado miles de dólares para atravesar una decena de países, arriesgando la vida, perdiendo familiares y sufriendo extorsiones, violencia sexual, secuestros y amenazas del crimen organizado y de las autoridades. ¿Para cuantos de ellos el “incentivo” será compensación suficiente para abandonar una larga, penosa, peligrosa y costosa búsqueda del “sueño americano”, y regresar a la pesadilla que vivían en su país? Todo resulta muy extraño.
La extensión del programa de “incentivos” a colombianos y ecuatorianos es probablemente un distractor del objetivo (Venezuela) y las motivaciones reales. ¿Por qué ahora y por qué México? Por un lado, el anuncio mexicano coincidió con el cierre del registro de candidatos a la presidencia. En política no hay coincidencias. Por el otro, hoy sabemos que la verdadera motivación de EU al promover un acuerdo con el régimen en Barbados no era asegurar los suministros de gasolina sino garantizar que Maduro aceptara el retorno de migrantes venezolanos. Quizás por ello, la respuesta del régimen al anuncio de la reinstalación de sanciones económicas estadounidenses fue la amenaza de no aceptar la repatriación de venezolanos. Ahora sabemos también que los esfuerzos estadounidenses de deportación fracasaron porque los vuelos iban casi vacíos, como si fueran operados por Mexicana de Aviación.
El programa de “incentivos” podría ser un gesto simbólico de México para legitimar a Maduro y su fraudulenta reelección. Sin embargo, podría ser algo peor desde la perspectiva humanitaria: que, a petición de EU o Venezuela, la repatriación/deportación de venezolanos desde nuestro país no sea voluntaria, en cuyo caso se estaría violando el principio de no devolución o non-refoulement, que prohibe al país receptor devolver refugiados a otro país en el que podrían ser perseguidos. En cualquier caso, para algunos venezolanos la “repatriación” será el retorno al racionamiento, la miseria y la violencia, que no es poca cosa. Pero para muchos otros será, además, represión, cárcel o peor. Las tragedias se seguirán acumulando. ¿Cuántas con complicidad de México?
