A pesar de obtener menos escaños que el Partido Popular (PP) en las elecciones del 23 de julio, Pedro Sánchez consiguió su investidura como presidente del gobierno español hace unos días, al reunir el apoyo de ocho fuerzas políticas mediante una coalición de gobierno con Sumar (sucesor moderado de Podemos) y hacer innumerables concesiones a partidos regionalistas e independentistas. La manzana de la discordia -por llamarla suavemente- es la propuesta de amnistía para todos los participantes en el llamado Proces -para la independencia- en Cataluña. La sociedad española se ha dividido como no ocurría en décadas y, salvo excepciones notables, se ha decantado con base en sus preferencias ideológicas o simpatías partidistas. En otras palabras, con mucha pasión.
Una parte del país celebra que, con la investidura de Sánchez y a cualquier precio, se haya cerrado el paso de los trogloditas de Vox al gobierno nacional, mientras que minimiza y relativiza la amnistía. Por otro lado, la derecha, rabiosa después de que la formación de un gobierno se le escurriera de las manos, ha respondido con furia y cajas destempladas, con excepción de algunas voces moderadas. Con una retórica plagada de hipérboles, altos dirigentes de Vox pero también del PP han calificado a la amnistía como contraria a la Constitución y una alteración al equilibrio entre poderes, olvidando convenientemente los cientos de indultos concedidos por Aznar (PP) a militantes de ETA. La ambiciosa y desalmada presidenta de la Comunidad de Madrid llegó al extremo de denunciar que “España se rompe” y describir la iniciativa como “un golpe de Estado por la puerta de atrás”, lo que resulta por lo menos irónico viniendo de la derecha. En este ambiente, las calles de muchas ciudades españolas se llenaron durante semanas con decenas de miles de personas en protesta contra la amnistía, en algunos casos con la participación, alentada o por lo menos tolerada, de grupos violentos bajo la bandera del franquismo o del falangismo, en su mayoría jóvenes enojados y antisistémicos.
Ante tanta crispación resulta no solo complicado sino también arriesgado tratar de dilucidar y distinguir lo que sí es de lo que no. En efecto, no es lo mismo un indulto que una amnistía como argumentan quienes se oponen, pero ambas figuras constituyen una alteración a procesos judiciales. Si esta amnistía es una invasión a las funciones de otro poder, también lo fueron los indultos en su momento. Es cierto que, a diferencia de indultos, no hay referencia a amnistías en la Constitución española. Pero tampoco las prohíbe. En otras palabras, una amnistía no es, en sí misma, contraria a la Constitución, siempre y cuando sea debidamente legislada. Otra cosa es el espectáculo de políticos socialistas tragándose sus palabras y la discusión sobre si esta amnistía en particular se justifica política y moralmente, si ceder al chantaje de un prófugo como Puigdemont está en el mejor interés de los españoles, si siete votos del independentista Junts per Catalunya “bien valen una misa”, si todo cabe con tal de conservar el poder. Es verdad también que un número indeterminado de españoles, que cambiaron de opinión durante la última semana de la campaña para impedir un gobierno con Vox, se sienten traicionados por Sánchez porque su voto por el PSOE no contemplaba una amnistía. Pero quienes alertan de la llegada del “comunismo bolivariano” y el fin de la democracia en España vacían de contenido a las palabras, desgastan el lenguaje y manipulan la realidad, sin que les preocupe generar división. Voces irresponsables que parecen olvidar al franquismo o ignorar con profundo ensimismamiento lo que ocurre, por ejemplo, en muchas partes de América Latina, donde la democracia sufre de verdad.
Pedro Sánchez es, además de un estratega consumado, un sobreviviente a quien han dado por muerto varias veces. Con gran arrogancia, es cierto, se volvió a salir con la suya. La pregunta es si esta vez no habrá estirado la liga de más, si le reventará en la cara y su gobierno caerá más pronto que tarde, o si las aguas se calmarán, habrá una mínima estabilidad para gobernar y se reencauzará institucionalmente el “problema catalán”. Incertidumbre y polarización hay, pero no, España no se rompe.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco