En las últimas semanas hemos escuchado varias declaraciones del secretario de Gobernación sobre supuestas investigaciones internacionales en contra de Felipe Calderón . Después de ser desmentido en la mañanera y de que el propio secretario se desdijera ante la vaguedad de sus afirmaciones, Adán Augusto López precisó que se trataba de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI recibe cotidianamente docenas de denuncias sobre supuestos crímenes cometidos en multitud de países, interpuestas por individuos, agrupaciones, opositores de todos los rincones del mundo. La abrumadora mayoría parten de un desconocimiento de lo que hace o no la Corte, no ofrecen evidencia creíble y suficiente o no se refieren a crímenes sobre los que la Corte tenga jurisdicción. En otras palabras, no pasan un primer filtro básico. Las poquísimas denuncias que cumplen en principio con los requisitos son sometidas a un análisis a fondo por la Fiscalía de la Corte, que puede extenderse por varios años, para determinar si hay evidencia suficiente y si la CPI tiene competencia sobre los crímenes. Solo en caso de que así sea, la Fiscalía abre una Investigación Preliminar.
La CPI tiene reglas de admisibilidad muy estrictos para evitar su uso político. Entre otras, dos relevantes para este análisis. Por una parte, los crímenes sobre los que la CPI tiene competencia son exclusivamente cuatro: genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, todos ellos con un umbral de evidencia tan elevado como su gravedad. Por la otra, el principio de complementariedad: la CPI puede actuar únicamente si el Estado en cuestión no puede o no quiere (“unwillling or unable”) investigar y procesar los crímenes en cuestión. En otras palabras, la Corte es competente únicamente cuando se demuestra que el Estado concerniente ha fallado en su obligación de impartir justicia a las víctimas de alguno de los cuatro crímenes porque su sistema de procuración de justicia ha sido incapaz o porque ha faltado voluntad política.
A finales de 2011 se presentaron ante la CPI una serie de denuncias en contra del gobierno de Calderón. Las denuncias fueron consolidadas por el entonces Fiscal, con lo que inició un análisis que se prolongó hasta finales de 2015, cuando su sucesora, Fatou Bensouda, notificó el cierre del proceso. Las denuncias nunca llevaron a la apertura de una Investigación Preliminar ni mucho menos de una Situación bajo Investigación, que constituye una fase posterior y que requiere de la anuencia de los jueces. Pocos saben que lo que la Fiscalía buscaba determinar durante ese proceso era si la Corte debería abrir una Investigación Preliminar contra capos del narcotráfico, no contra funcionarios del gobierno. La conclusión fue que la CPI no era competente.
¿Hay nuevas denuncias? De haberse presentado, la Corte habría rechazado de inmediato cualquier denuncia sobre tráfico de armas (Rápido y Furioso) porque la CPI no tiene jurisdicción sobre ese crimen. En cambio, según reportes periodísticos, en 2019 se presentó una denuncia contra los expresidentes Fox y Calderón, entre otros, por crímenes de lesa humanidad. Pero, aunque la denuncia sí corresponde a uno de los crímenes bajo jurisdicción de la CPI, no hay ninguna indicación de que haya superado el primer filtro y que se haya iniciado siquiera un análisis a fondo. Siendo así, ¿hay investigaciones? Si bien la CPI tiene dos Investigaciones Preliminares abiertas y 17 Situaciones bajo Investigación, ninguna es sobre México. Es muy probable entonces que, al hablar sobre Calderón, el secretario de Gobernación mezcle delitos y confunda denuncias con investigaciones y que, si descartamos mala fe, ello sea resultado de ignorar el funcionamiento de la CPI. Ese parece ser el caso también de quienes replican en redes sociales o mediante declaraciones públicas los dichos de Adán Augusto López.
Pero hay más. En su afán de enlodar rivales, hay una consideración que parece escapar de la atención del titular de Bucareli y sus seguidores. Si la Corte abriera una investigación, aunque fuera preliminar, sobre alguno de los cuatro crímenes bajo su jurisdicción, tendría que aplicar el principio de complementariedad. Ello significaría que, más allá de dimes y diretes, una investigación de la CPI contra Felipe Calderón -o cualquier otro-, confirmaría que el gobierno de México, el gobierno del que forma parte el secretario de Gobernación, se ha rehusado o ha sido incapaz de investigar y procesar al expresidente ante tribunales nacionales. A confesión de parte…
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