Hasta hace unos cuantos años eran excepción en América Latina y se limitaban a Cuba, Venezuela y uno que otro país. En tiempos recientes, sin embargo, un número creciente de procesos electorales en la región han comenzado a registrar fraudes, influencia del crimen organizado, inhabilitación de candidatos, violencia política e, incluso, intentos de asonadas.
En Cuba, decano de procesos ilegítimos en la región, no hay derecho a la libre expresión, la libre asociación o la protesta. Hay un solo partido político legal, por lo que los cubanos votan por los mismos candidatos. Como ha ocurrido desde hace décadas, el Partido Comunista obtuvo en marzo pasado todos los asientos de la Asamblea Nacional con más del 90% del voto. Su fiel escudero en Venezuela, Nicolás Maduro, prepara su reelección en el 2024 inhabilitando por 15 años a una rival formidable, María Corina Machado, quien arrasó en las primarias de la oposición. Nicaragua completa la triada de dictaduras de la región, donde Daniel Ortega chantajeó o encarceló a todos sus competidores potenciales y se presentó solo en la boleta de las elecciones de 2021.
Lamentablemente, estos tres casos ya no son atípicos en Latinoamérica. En 2019 Bolivia acudió a las urnas para reelegir por tercera ocasión a Evo Morales, pese a estar impedido por la constitución de ese país y haber perdido un referendo popular que pretendía permitirlo. Tras el conteo de votos de la primera vuelta, la Misión de Observación Electoral de la OEA presentó evidencias de fraude que llevaron a la anulación de las elecciones, la renuncia de Morales y un gobierno provisional. 2022 trajo un par de elecciones en relativa calma que después se complicaron. Si bien Gustavo Petro fue elegido sin mayores cuestionamientos, el presidente colombiano ha sido acusado, entre otros por su hijo, de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña. El desenlace judicial y político de estas acusaciones es incierto. Por su parte, la campaña en Brasil se vio ensombrecida por las reticencias de Bolsonaro a comprometerse a aceptar un resultado desfavorable. Por ello no sorprendió del todo que, siguiendo el guión de Trump, una turba manipulada por oficiales de las fuerzas de seguridad tratara de impedir la toma de posesión de Lula.
En 2023 ha continuado la tendencia. Por un lado Guatemala, donde solo la presión internacional impidió que se consumara la intentona del poder judicial de desconocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, cuando ello falló, inhabilitar a Bernardo Arévalo para competir en la segunda vuelta. A pesar de haber ganado con holgura los comicios, Arévalo enfrenta abusos del oficialismo que busca reventar el proceso de transición. Por el otro, los comicios en Ecuador, que registraron extraordinaria violencia política, incluyendo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había recibido amenazas de muerte de organizaciones criminales que trabajan para carteles de droga mexicanos.
¿A qué se debe la erosión democrática? Desigualdad, insatisfacción con el modelo económico y decepción con gobiernos y partidos políticos han propiciado una generación de líderes populistas, iliberales, que proponen recetas fáciles a problemas complejos y que tienen poco o nulo respeto por las instituciones y la ley. A ello hay que agregar, en nuestra región, el empoderamiento del crimen organizado y su creciente involucramiento en procesos políticos.
¿Qué sigue? Habrá que estar atentos de lo que ocurra en Argentina después de la segunda vuelta del próximo domingo. 2024 augura más problemas y la lista la encabeza, tristemente, México. Cada ‘mañanera’ somos testigos del uso político de la justicia y de actos de intimidación y acoso contra el poder judicial, periodistas críticos y rivales políticos del presidente. Hay abundante evidencia de dinero sucio o ilegal en las precampañas de Morena. Las elecciones intermedias de 2021 fueron las más violentas de la historia, con abundantes testimonios de intervención del crimen organizado y varios asesinatos políticos. El gobierno y Morena han hecho todo lo posible por debilitar al INE y acabar con su autonomía. Las cosas no pintan bien. ¿Se atreverá López Obrador a ordenar la inhabilitación de Xóchitl Gálvez? y ¿aceptaría los resultados en el caso de una elección desfavorable? Todo indica que el escrutinio internacional y, sobretodo, las misiones de observación electoral jugarán un papel clave.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco
