Durante la Semana Santa se hicieron públicos dos informes sobre México. Ambos emitidos por instancias internacionales. Ambos muy críticos.
Por un lado, el 13 de abril se presentó el informe preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA para la Revocación de Mandato. En su informe, la Misión, encabezada por el peruano Fernando Tuesta, expresa preocupación por las “continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE…que menoscaban la democracia” y denuncia que “autoridades de distintos niveles de gobierno, incluidas las de mayor jerarquía en el país, cometieron infracciones”. El informe reitera la importancia de “resguardar la independencia de la autoridad electoral y evitar presiones indebidas”. En ese contexto, alerta que restarle autonomía al INE sería “un retroceso importante para la democracia mexicana” y recomienda un ejercicio de reflexión y revisión de la ley vigente concentrado en fortalecer el organismo.
Por otra parte, en la víspera, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) publicó su informe sobre la visita efectuada a México en noviembre pasado. En el informe, el Comité destaca un crecimiento exponencial de las desapariciones en México a partir de 2006, “caracterizado por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir tareas de seguridad”. Denuncia que la situación generalizada de desapariciones persiste hasta la fecha en gran parte del país, agravada por un incremento notable de desapariciones de niños y niñas, adolescentes y mujeres. Para ilustrar lo anterior, el informe señala que, tan solo durante la visita de unos cuantos días, 112 personas desaparecieron. Más grave aún, el Comité subraya que las desapariciones se dan en un contexto de “impunidad casi absoluta”, en el que solo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos han resultado en procesos penales y se han dictado únicamente 36 sentencias.
Sobre el informe preliminar de la Misión de la OEA no ha habido reacciones del gobierno, pese a que es demoledor. Es posible que se limite a hacer un pequeño escándalo en la reunión de la OEA que reciba el informe, para evitar reflectores y seguir golpeando al organismo. Con o sin respuesta del gobierno, el informe de esta misión es, por mucho, el más crítico en décadas y ofrece una serie de recomendaciones de la mayor relevancia. Sus conclusiones deberían ocupar un lugar privilegiado en cualquier discusión sobre una eventual reforma electoral, mientras que sus recomendaciones deberían tomar precedencia a cualquier otra propuesta.
Por su parte, la respuesta del gobierno al informe del CED ha sido, de nueva cuenta, bipolar. Por un lado, extendió una invitación para que el Comité realizara la visita que tantas veces rechazó la administración anterior y recibió las recomendaciones contenidas en el informe mediante un comunicado conjunto SRE-SEGOB. Pero, en una mañanera de antología, el presidente refutó agresivamente el informe. Aseguró que el Comité no tenía información, culpó a Calderón de la problemática y afirmó que ningún organismo internacional va a “poner en el banquillo de los acusados” al gobierno, para luego distraer la atención con un nuevo ataque a Carmen Aristegui. Probablemente el presidente no sepa que el informe se elaboró con base en información proporcionada por…su gobierno y olvide que su administración está a cargo del país desde hace más de tres años, que los desaparecidos se siguen acumulando y que se ha avanzado poquísimo en los casos que le anteceden, por lo que la crisis de desaparecidos es suya también. Posiblemente no recuerde los compromisos que México ha asumido como miembro de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos. Tal vez ignore las obligaciones de nuestro país como Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que incluyen, cuando corresponde, “sentarse en el banquillo de los acusados”, por citar la desafortunada frase.
Más allá de los dichos en la mañanera, por más que se invoque la soberanía para estos y otros asuntos -como, por ejemplo, la fracasada reforma eléctrica-, México está inexorablemente abierto al escrutinio internacional y vinculado al mundo de múltiples maneras. En buena hora. Nuestro país está sujeto a la observación y crítica de los organismos internacionales, la sociedad civil, la prensa global. Si antes esa apertura fue importante para apuntalar la transición democrática y consolidar la alternancia, hoy es crucial para complementar la crítica independiente de la sociedad y los medios ante el debilitamiento de las instituciones, la incompetencia del gobierno y sus embates autoritarios.