A principios de 2019, Nicolás Maduro estaba contra las cuerdas. Con motivo de la vacancia generada al concluir el período para el que había sido elegido, la Asamblea Nacional, de conformidad con la constitución venezolana, había nombrado a su líder, Juan Guaidó, como presidente provisional del país, acto que sería reconocido por más de 50 países. Al mismo tiempo, el régimen enfrentaba las cada vez más duras sanciones económicas de EU, a las que se sumaban las canadienses y de la Unión Europea. Pese al apoyo ruso y, en menor medida, chino e iraní, la caída del dictador parecía inminente.
Sin embargo, los gobiernos de la región comenzaron a cambiar para ser sustituidos por otros con una posición distinta con respecto al régimen de Maduro, incluyendo a México, que había jugado un papel fundamental en el ámbito diplomático. Más significativo aún, Guaidó, que era manejado por cowboys del gobierno estadounidense en los estertores de la caótica administración Trump, comenzó a cometer errores, incluyendo dos asonadas fracasadas, y fue incapaz de convocar elecciones, núcleo de su encargo y justificación de su figura. Maduro se limitó a esperar que el mandato del presidente provisional se extinguiera.
Así, el dictador regresó a sus prácticas de siempre: represión y abusos, así como participar en la enésima ronda de negociaciones con la oposición, en esta ocasión mediadas por Noruega y hospedadas por México, diseñadas, como todas las anteriores, para ganar tiempo. Con la situación política bajo control, el régimen se concentró en tratar de resolver su desastrosa situación económica, resultado de una conducción profundamente incompetente. Para ello, era necesario un alivio de las sanciones internacionales.
Después de la pandemia y con el relanzamiento de la actividad económica, los precios de la gasolina en EU escalaron rápidamente, lo que se convirtió en un serio problema político para la administración Biden. EU necesitaba más petróleo para bajar los precios del combustible. Así, se crearon las condiciones para lo que hasta entonces era un impensable acuerdo entre EU y Venezuela. La lógica sería suavizar las sanciones estadounidenses y pavimentar la llegada de combustible venezolano a EU, a cambio de elecciones más o menos democráticas en 2024.
En los llamados Acuerdos de Barbados de octubre de 2023 el régimen y la oposición acordaron, con la presencia de diplomáticos de ocho países como testigos (incluyendo a México) y bajo los auspicios de EU, “el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales, la concreción de garantías electorales y la celebración de elecciones presidenciales” en el segundo semestre de 2024. En una cuantas horas, el Departamento del Tesoro de EU emitió cuatro licencias generales con las que aliviaría durante seis meses un paquete de sanciones contra las industrias de hidrocarburos y gas natural de Venezuela.
Pocos días después, en un acto de unidad sin precedentes, la oposición eligió como candidata única a María Corina Machado con más del 90% de los votos, a pesar de haber sido inhabilitada para competir por el régimen. Evidentemente, la candidata de oposición se convirtió en una rival formidable para Maduro y una amenaza para el régimen. El dictador venezolano reaccionó con la absurda maniobra de amenazar con una invasión a Guyana, ya fuera para estimular el nacionalismo unificador o bien provocar una crisis que justificara el aplazamiento de las elecciones. La maniobra no funcionó debido a la enérgica reacción internacional en contra.
En concordancia con los Acuerdos de Barbados, se esperaba el levantamiento de la inhabilitación de Machado. Por el contrario, hace unos días, el Tribunal Supremo de Venezuela la ratificó. Como es lógico, EU anunció la reimposición de sanciones. Latinoamérica, por su parte, reaccionó dividida y con titubeos. Una decena de países condenaron la decisión del régimen. De entre ellos, destacó Chile, por tratarse de un gobierno de izquierda, y Guatemala, por su fragilidad, que contrastaron con el vergonzoso silencio de Brasil, Colombia y, sobretodo, de México, que participó en Barbados.
Maduro engañó a todos -salvo quizás a López Obrador- y, en particular, a la administración Biden que pecó de inocente. Claramente, el dictador pretende permanecer en el poder a como dé lugar.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
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