México comenzó a aceptar obligaciones internacionales en materia de derechos humanos varias décadas antes de incorporar el principio de protección y promoción de tales derechos a la Constitución en 2011. Además de ser signatario original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos de “soft law”, México se vinculó y, en algunos casos, fue promotor de las llamadas ocho convenciones centrales de Naciones Unidas, que van desde la discriminación racial y la tortura, hasta los derechos civiles, políticos y económicos, así como de las mujeres, los niños, los trabajadores migratorios y las personas con discapacidad. La misma dinámica se observa a nivel regional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pese a las resistencias, el respeto a los derechos humanos en México se fue gestando de afuera hacia adentro, en buena medida de la mano de la Cancillería y, más recientemente, de la sociedad civil.
Más importante que todo lo anterior, si fuera posible, fueron dos decisiones transformadoras en la lucha por erradicar la violación de derechos humanos como práctica del Estado. Por un lado, la aceptación en 1998 de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que obliga al Estado mexicano a sujetarse a las decisiones de una corte supranacional. Por el otro, la invitación a que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas abriera una oficina en nuestro país en2001 para monitorear la situación in situ de forma permanente, la más acabada expresión de la estrategia de anclar la transición democrática, todavía endeble, en la apertura de México al escrutinio internacional.
El sistema global de protección a los derechos humanos en Naciones Unidas descansa en un método de “palos y zanahorias”, con presión moral y exhibición pública (“naming and shaming”) por un lado, y una oferta de cooperación para mejorar la situación por el otro. El Sistema Interamericano cuenta, además de la Comisión (CIDH), con un órgano jurisdiccional, la Corte IDH, facultada para emitir sentencias, ordenar compensaciones, proteger víctimas y decidir sobre remedios.
Desde que nuestro país aceptara la jurisdicción de la Corte IDH, cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país han recurrido al Sistema Interamericano para reclamar justicia y, en su caso, remedio o compensación, lo que ha convertido a México en el segundo país con el mayor número de peticiones en la región. A la fecha, la Corte ha emitido 15 sentencias y 49 medidas provisionales con respecto a México, incluyendo el caso Rosendo Radilla, en la que declaró culpable al Estado mexicano por su desaparición forzada a cargo de militares en 1974 y ordenó reformas para impedir que casos de graves violaciones de derechos humanos sean conocidas bajo el Fuero de Guerra; el caso Campo Algodonero, donde encontró culpable al Estado mexicano por la desaparición y muerte de cuatro jóvenes y estableció directrices para identificar casos cuyo móvil es la violencia de género; y el caso del ex-Canciller Jorge Castañeda, que obligó al Estado mexicano a legislar sobre candidaturas independientes y cuya sentencia es, a la fecha, la única cumplida en su totalidad.
Tomando en cuenta el deterioro en la protección de los derechos humanos en nuestro país, es altamente probable que se presente una nueva ola de víctimas de violaciones que busquen la protección del Sistema Interamericano, en particular a la luz de la desaparición en términos prácticos de la CNDH. Entre los distintos mecanismos disponibles para las víctimas de Estados signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, se encuentran una serie de relatorías temáticas creadas para dar seguimiento puntual a situaciones, así como procesar denuncias a través de audiencias públicas y recomendaciones a la CIDH, que pueden llevar a la emisión de medidas cautelares de protección e, incluso, ser referidos a la Corte IDH. En función de los últimos acontecimientos, no me sorprendería que medios, periodistas, colectivos u organismos de la sociedad civil hostigados por el poder, que temen por su vida o estimen que la libertad de expresión está en riesgo, acudan al colombiano Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, cuyo mandato es la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y quien ya se ha pronunciado por suspender la sección “quien es quien en las mentiras” de la mañanera.
El entramado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue concebido para dar protección y remedio a víctimas cuando los tribunales domésticos son incapaces de impartir justicia. Para muchas de las víctimas en México, el Sistema Interamericano ha sido el último recurso. Dado el estado de la procuración de la justicia en nuestro país, todo indica que así seguirá siendo.