Hemos sido testigos de interminables discusiones sobre el significado de los errores de forma y de protocolo durante la más reciente visita del presidente López Obrador a Washington. Hay evidencia de que algunas de las descortesías estadounidenses fueron propiciadas a propósito por la parte mexicana, que el presidente agotó el reloj para evitar una conversación de fondo con Biden y de que parte de la discusión en la arena pública fue alentada desde Palacio Nacional para polarizar y distraer. Por ello tuvieron que pasar algunos días para que el polvo se asentara y se comenzaran a ver las consecuencias de la visita y los desencuentros entre ambos gobiernos. Para muestra, algunos botones:
El compromiso de México de invertir 1,500 millones de dólares en la frontera México-EU . El gobierno trató de ocultar la naturaleza del programa, hasta que fue ventaneado por un vocero estadounidense: consiste en comprar a EU tecnología de punta para detectar migrantes y drogas. Después se intentó argumentar que no había sido resultado de una demanda estadounidense, sino que se negociaba desde hacía tiempo. Sin embargo, el hecho de que, tras meses de resistencia, México finalmente aceptara que el equipo sea operado bajo supervisión de EU y que, una vez resuelto ese asunto, la adquisición fuera anunciada en el comunicado conjunto de la visita confirmó que se trata de un entregable clave para la administración Biden y una costosa concesión mexicana.
La detención de Caro Quintero . Dado que ocurrió apenas unos cuantos días después de la visita y de que va a contrapelo del mantra de “abrazos, no balazos”, resulta imposible no concluir que fue resultado una demanda expresa de EU. Las contradicciones sobre el papel de la DEA en el operativo entre, por una parte, su administradora y el Fiscal Garland, y por la otra, el embajador Salazar y el gobierno mexicano, exhiben la enorme incomodidad que el operativo ha generado en el presidente López Obrador al quedar al desnudo que, pese a lo anunciado con bombo y platillo, la colaboración con la DEA ha continuado. La suspensión de la extradición parece haber abierto un compás de espera que permite al presidente López Obrador operar con el factor Bartlett y el ala soberanista, anti-yanqui y tolerante con el crimen organizado de su movimiento. Su reacción ante la decisión del juez correspondiente contrasta con los ataques a los amparos concedidos a empresas de energía o ambientalistas, confirmando que, para el gobierno, hay amparos buenos y malos. Todavía no están claros los efectos que la detención tendrá sobre la situación de seguridad en el terreno y será interesante observar hasta dónde llega la paciencia estadounidense tras décadas de espera para que “el largo brazo de la ley” sea efectivo. Por si fuera poco, el misterio alrededor de la trágica caída del helicóptero de la Marina, la falta de transparencia, las versiones encontradas, las explicaciones poco creíbles y la bandera a media asta en la sede de la DEA contribuyen a especulaciones y teorías de conspiración.
El inicio de consultas por posibles violaciones de México al T-MEC . A pesar de las visitas de múltiples enviados estadounidenses de alto nivel y tras meses de advertencias sistemáticamente ignoradas por nuestro país, EU recurrió formalmente al mecanismo de solución de controversias del Tratado, solicitando el inicio de consultas con México tras acusar a nuestro país de violación a cuatro artículos del instrumento. En caso de que las consultas no resuelvan las diferencias, a más tardar en 75 días, se conformará un panel internacional para decidir con respecto a la disputa, sobre el que el gobierno no tendrá capacidad de extorsión. La respuesta mexicana ha sido retadora -con evocaciones a Chico Che incluidas- y ha estado envuelta en retórica nacionalista, anti-estadounidense y acusaciones de corrupción sin fundamento, como se acostumbra en la mañanera. Si bien estas reacciones son más para la galería, no van a ayudar. La incorporación de Canadá al litigio no ha hecho sino complicar las cosas, al mostrar coordinación entre nuestro socios, dando una nueva dimensión al conflicto. Pero, para el gobierno, esto es secundario. Lo que realmente importa es caracterizar los cuestionamientos como un abuso más del “imperialismo yanqui”, que debe ser respondido con la amenaza del presidente de movilizar el Zócalo y jugar a Lázaro Cárdenas. Ya sea motivado por convicción ideológica o por conveniencia política, López Obrador parece obsesionado con recrear los ineficientes monopolios del petróleo y la electricidad, a pesar de la Constitución y los compromisos internacionales del país, y a costa del motor principal de la economía.
Ha quedado claro que detrás de la condescendencia pública de Biden se escondían muchos agravios. El desplegado de apoyo de los gobernadores de Morena fue la primera señal de que la visita no había salido bien. Parece que, pese a las bravatas del presidente y sus voceros, la acumulación de impertinencias mexicanas y transgresiones más serias está teniendo consecuencias no solo de forma sino también de fondo en la relación con EU. A nadie debería sorprender.
