En contraste con las absurdas propuestas internacionales de López Obrador y mientras se forjan alianzas con el represor Instituto de información de Cuba, la Cancillería ha tomado un par de iniciativas jurídicas audaces que emulan la histórica demanda contra EU ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación de los derechos consulares de mexicanos condenados a pena de muerte (Caso Avena), interpuesta en 2003 cuando la SRE era encabezada por Jorge Castañeda. Me refiero a la demanda civil en contra de empresas estadounidenses que fabrican armas traficadas a territorio mexicano y a la remisión conjunta con Chile de la “situación en Palestina” a la Corte Penal Internacional (CPI), a fin de que el fiscal de ese tribunal de justicia internacional “investigue la probable comisión de crímenes de su competencia”.
Ambas iniciativas tienen mérito y solidez. Fueron ideadas y preparadas por un grupo de talentosos abogados de la SRE formados por el recientemente elegido juez de la CPI, Juan Manuel Gómez Robledo. ¿Qué implicaciones tienen? La demanda contra las armadoras estadounidenses es muy ingeniosa. Si bien al proceso judicial le falta un largo trecho de dudoso desenlace, la decisión de una corte de apelaciones en Massachusetts de negar inmunidad a los fabricantes de armas, admitir el reclamo de México y pasar a la fase de juicio es muy significativa. La iniciativa genera satisfacción y orgullo como cada vez que David vence a Goliath en disputas comerciales, negociaciones sobre desarme nuclear o fútbol. Y, desde luego, tiene mucho sentido en materia de política exterior. Pero, aún si resultara exitosa, no lo tiene en materia de seguridad. La demanda no contribuirá a disminuir la violencia en México, como afirman algunos tratando de sacar raja política, porque las armas estadounidenses no son causa sino tan solo herramienta del azote que sufre México. Por el contrario, ha servido para que un gobierno que no tiene capacidad o voluntad para detener el ingreso de armas al país, como el actual, eluda su responsabilidad e intente ocultar el fracaso de su política de seguridad. Como si fuera un acto de reciprocidad diplomática, EU culpa a México del consumo de drogas y México culpa a EU de la violencia.
Por su parte, la solicitud mexicano-chilena a la CPI argumenta de manera convincente la jurisdicción del tribunal sobre las atrocidades que ocurren en Medio Oriente. Tiene además el tino de no prejuzgar sobre la posible responsabilidad o culpabilidad de ningún actor, ya sea de uno u otro bando. La decisión de la CIJ de conceder las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica y de ordenar a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir el genocidio en Gaza refuerza la gestión conjunta. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Ni el Caso Avena ni la demanda contra los armadores constituyen cuestionamientos existenciales a EU, donde incluso hay sectores en el gobierno y la sociedad que simpatizan con la abolición de la pena de muerte y con el control de armas. No es el caso de la investigación solicitada a la CPI, que ha desatado la furia del gobierno israelí y amenaza con deteriorar todavía más las relaciones bilaterales. En efecto, hay un problema de selectividad. Si se tratara exclusivamente de una cuestión de principios, ¿por qué México no ha presentado una solicitud similar en relación con la invasión rusa a Ucrania?, ¿serán de nuevo los sesgos ideológicos, la nostalgia setentera de Palacio Nacional? De haber tratado a Putin con el mismo rasero que a Netanyahu, nuestro país estaría en una mejor posición para enfrentar críticas y reclamos no solo de Israel sino de influyentes organizaciones judías en EU, tradicionalmente aliadas de México en muchas causas.
En cualquier caso, con todo y sus bemoles, resulta evidente que hay un abismo entre el trabajo de los profesionales de la SRE y las ocurrencias de La Mañanera. No cabe duda que, por lo menos en este gobierno, la política exterior está mejor en manos de expertos, a quienes, por cierto, dejaron solos en Ginebra.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco