El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ha rehusado de nuevo a rendir cuentas ante el Congreso. Ello, sumado a una actitud desafiante y arrogante durante una entrevista al ritmo de “ya lo pasado, pasado”, ha reavivado las denuncias al funcionario por posibles crímenes resultado del manejo negligente de la pandemia Covid-19, incluyendo muertes evitables. Aunque López-Gatell no sea el único funcionario de la 4T en enfrentar denuncias criminales, sí se ha vuelto un caso paradigmático que permite ilustrar las complejidades del acceso a la justicia para las víctimas en México.
Soy de los que argumentan que, tratándose de un presidente tan poderoso y controlador como López Obrador, toda crítica a sus colaboradores es una forma de exculpar al presidente por las fallas, abusos y actos de corrupción de su gobierno. Aunque en circunstancias normales la responsabilidad moral y política es delegable, no lo es en el caso de López Obrador. Sin embargo, algunas responsabilidades legales sí son delegables a secretarios y subsecretarios de Estado o equivalentes e, incluso, a jefes de unidades administrativas, de conformidad con las leyes aplicables. Así, si bien López Obrador es moral y políticamente responsable de todos los actos y omisiones de su gobierno, López-Gatell y otros funcionarios de la 4T podrían ser responsables legales por algunos de esos mismos actos y omisiones.
Dicho esto, a menos que algo extraordinario suceda, López-Gatell no será vinculado a proceso durante la presente administración. Sin embargo, podría haber mayor voluntad política a partir del cambio de gobierno. Ante ello han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que Morena o sus aliados trataran de proteger al subsecretario —y a otros funcionarios— mediante el fuero al que tendrían derecho en caso de ser elegidos diputados o senadores en 2024. Ello dejaría a los denunciantes sin más opción que recurrir a órganos judiciales internacionales.
Algunos han sugerido la Corte Penal Internacional (CPI). El problema de ese tribunal es que ninguno de los crímenes que pudieran atribuirse a la 4T corresponden con la muy limitada jurisdicción de la CPI, como por cierto tampoco lo son las denuncias correspondientes a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. En contraste, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sí sería competente para atender peticiones sobre posibles violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y, tras recurrir a la Comisión (CIDH), los casos podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio por el Estado mexicano.
De recurrir al Sistema Interamericano las víctimas inevitablemente colocarían a la figura del fuero en el corazón mismo de la disputa con el Estado mexicano. Argumentarían que su abuso se ha convertido en un obstáculo para el acceso a la justicia, lo que, intrínsecamente, constituye una violación a los derechos humanos. El reclamo podría hacerse extensivo a otros delitos cometidos por funcionarios de la 4T. De ser el caso, ¿cuál sería la respuesta del Estado y concretamente del Congreso en caso de que la Corte IDH ordenara el desafuero de López-Gatell u otros legisladores para enfrentar cargos criminales en México como parte de las medidas de reparación a las víctimas? Más aún, ¿qué ocurriría si la Corte IDH instruyera al Estado a revisar la figura del fuero?, ¿qué ocurriría si México se negara a acatar un fallo como ese?,¿cuál sería el papel de la Suprema Corte de Justicia en un escenario así?
La discusión sería, en sí misma, muy saludable para la justicia mexicana. Pero, aún si se consiguiera sentar a funcionarios que cometieron delitos en el banquillo de los acusados, se trata de una ruta muy tortuosa y por goteo para acceder a la justicia, con desenlaces imprevistos. ¿Existe otra alternativa para situaciones como las descritas? Por el momento no; es lo que hay. Sin embargo, mirando hacia adelante, quizás ha llegado el momento de dejar a un lado los pretextos soberanistas y aceptar de una vez la participación de organismos internacionales en la reconstrucción integral del desastroso sistema de procuración de justicia en nuestro país, para prevenir y castigar la corrupción y otros crímenes, y para acabar con la impunidad endémica que tanto daño ha hecho al país.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco