El presidente ha alertado insistentemente sobre un “golpe de Estado técnico”. La advertencia tiene dos acepciones como si fueran caras de la misma moneda. Si López Obrador pierde las elecciones en las urnas, desconocería el resultado y quien perpetraría el golpe de Estado sería él. Si las pierde en los tribunales, el presidente acusaría a la instituciones electorales de cometer un “golpe de Estado técnico”. En cualquier caso, se trataría de impedir que la oposición llegue al poder. López Obrador nos anuncia que, ante un resultado adverso, habría anulación de las elecciones o estado de excepción. Como diría el energúmeno, quien parece estar de vuelta, “al diablo con sus instituciones”.
Es necesario tomar muy en serio las palabras del presidente porque suele prometer con mentiras pero amenazar con la verdad. Aunque sea una de las más graves, no es la primera. La advertencia se suma a una serie de declaraciones, acciones y omisiones, muchas de ellas violatorias de la ley, que ponen en riesgo la celebración de elecciones libres y justas. Desvío de recursos públicos, actos anticipados de campaña, intimidación y extorsión a empresarios y medios, uso de programas sociales con fines electorales, la acumulación de -hasta ahora- 35 infracciones declaradas procedentes por el INE. Como lo hiciera con la invalidada Consulta de Revocación de Mandato, López Obrador juega con fuego al transgredir principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, generando campañas muy desiguales en recursos y acceso a medios tradicionales. Peor aún, la actitud desafiante del presidente es replicada por otros funcionarios de gobiernos de Morena quienes, como él, no solo ignoran las medidas cautelares sino que anuncian que seguirán violando la ley, argumentando libertad de expresión, derecho de réplica y otros eufemismos inaceptables. Y es que López Obrador y sus adláteres se sienten inmunes porque lograron debilitar al INE y hacer vulnerable al Tribunal Electoral. De ahí la relevancia de la observación electoral internacional.
Los voceros del oficialismo pretenden ignorar que México ha aceptado observadores internacionales desde 1994, justamente a petición de la oposición y muchos de los ahora militantes de Morena. El PRI de entonces los aceptó a regañadientes en momentos en que el régimen se vio obligado a abrirse al escrutinio internacional como parte de la apertura comercial y como una manera de dar legitimidad al resultado. En pocas palabras, nunca fue -ni ahora lo será- un acto de intervencionismo ni de vulneración de la soberanía.
En elecciones posteriores al 94, la observación electoral internacional se volvió parte de la normalidad democrática que tanto estorba ahora al poder. La normalidad fue tal que los observadores no habían jugado un papel determinante porque, o bien los perdedores aceptaron la derrota (el propio 94, 2000 y 2018), o las instituciones procesaron y resolvieron los conflictos poselectorales (2006 y 2012). Sin embargo, las probabilidades de que ni una cosa ni la otra sucedan en 2024 son muy altas.
Desde luego, entre más observadores internacionales, mejor. Las misiones de la Unión Europea tienen importancia pero la realmente crucial es la de la OEA, porque es la más robusta, la que tiene el mandato más amplio, con un despliegue de personal y territorial más extenso, la única que observa antes, durante y después de las elecciones. En otras palabras, la que tiene dientes, como ilustra su rechazo por parte del régimen venezolano.
El INE, en efecto, extendió la invitación correspondiente a la OEA y el organismo aceptó oportunamente. Sin embargo, hay muchas maneras de obstaculizar un despliegue efectivo. Por una parte, los acuerdos de operación y de privilegios e inmunidades. El primero depende del INE, mientras que el segundo de la SRE. Habrá que estar encima de ambas instituciones. Por la otra, garantizar la seguridad de los integrantes de la misión y su acceso a casillas, centros de cómputo, áreas técnicas del INE, tribunales, funcionarios, candidatos, testimonios, documentos. El INE de ahora no es el de elecciones anteriores. Será necesario monitorear y, de ser el caso, protestar, ante cualquier intento de las autoridades civiles, militares o electorales de obstaculizar su despliegue pleno. La oposición, los medios, la sociedad, la comunidad internacional deberían prestar más atención. Tratar de impedir la denuncia de irregularidades, abusos, fraudes o tentativas de autogolpe tendría que ser un escándalo. Internacional.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco