La crisis diplomática con Ecuador se remonta a diciembre pasado, cuando México aceptó “como huésped” en la embajada en Quito al exvicepresidente Jorge Glas, prófugo de la justicia en ese país tras haber sido condenado por asociación ilícita y cohecho agravado. La figura de “huésped” no existe en el derecho internacional, lo que indica que se trataba de una manera de ganar tiempo antes de tomar una decisión con respecto a un eventual otorgamiento de asilo, potencialmente inconsistente con la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo.
Las semanas de tensión bilateral dieron un vuelco con las irresponsables declaraciones del presidente López Obrador en otras de sus divagaciones para atacar a los medios por la cobertura del escandaloso incremento de la violencia política en México. Para todos efectos prácticos, López Obrador acusó al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de instrumentalizar la muerte del candidato Fernando Villavicencio para ganar las elecciones. En respuesta, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en ese país, con lo que se alcanzó la cifra, sin precedentes en la historia, de tres embajadores mexicanos repudiados por gobiernos extranjeros en un solo sexenio.
López Obrador anunció el inusual envío de un avión militar para repatriar a la embajadora mexicana y el otorgamiento de asilo político a Glas, aliado político del expresidente Rafael Correa y destacado bolivariano. No es descabellado suponer que Ecuador sospechó que se estaría preparando un operativo para sustraer a Glas, similar al “heroico rescate” de Evo Morales que tanto ha presumido la 4T y al fallido intento con Pedro Castillo, el depuesto presidente peruano. Ecuador reaccionó rodeando la misión diplomática de México con fuerzas de seguridad y denegando el permiso de sobrevuelo y aterrizaje al avión mexicano. Horas después, fuerzas de seguridad violaron la inmunidad de la embajada en Quito para detener a Glas, en abierta contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Ecuador trató de justificar sus acciones argumentando que “ningún delincuente puede ser considerado perseguido político” y acusó a México de cometer actos que “interfieren con el Estado de derecho, la soberanía nacional” y “asuntos internos del país”. Como correspondía, México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, la medida de represalia más extrema en el repertorio diplomático, al tiempo que advirtió que denunciará a ese país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención de Viena y lesiones a personal diplomático.
La Convención de Caracas establece en sus artículos III y IV que no es lícito conceder asilo a personas que estén condenadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios y que corresponde al Estado asilante la calificación de los motivos de la persecución. En otras palabras, México tendría que haber acreditado una persecución contra Glas para justificar el otorgamiento de asilo a una persona condenada por delitos comunes por un tribunal ordinario.
La irrupción en la embajada mexicana es, desde luego, injustificable y un acto gravísimo de violación al derecho internacional. Ante el desacuerdo bilateral sobre la situación de Glas, ¿qué debería haber hecho Ecuador? En lugar de violar la embajada, podría haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la CIJ, como ahora lo hará México, argumentando incumplimiento de la Convención de Asilo y solicitando medidas cautelares de emergencia para impedir “la fuga” de Glas en espera de una resolución sobre el fondo.
Esta nueva crisis diplomática no se da en el vacío. Aunque le venga como anillo al dedo a López Obrador en plena campaña, resulta por lo menos irónico que la región del mundo que más importaba a la 4T sea la que deja los peores saldos. Como salud, seguridad y tantos otros ámbitos, la relación de este gobierno con América Latina es un desastre.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco
