Marx escribió que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Hace apenas tres años, en diciembre de 2019, la embajadora de México en Bolivia fue declarada persona non grata por el gobierno de ese país, como resultado de las acciones y declaraciones del gobierno mexicano tras el fraude electoral cometido por Evo Morales en su intento de reelegirse, pese a una prohibición constitucional. Ayer, el gobierno de Perú notificó al embajador mexicano que tenía 72 horas para abandonar ese país debido a “las reiteradas expresiones de las más altas autoridades (de México) sobre la situación política del país”. En tan solo tres años y bajo un mismo gobierno, no uno sino dos embajadores mexicanos han sido expulsados. Un “logro” sin precedentes en la historia diplomática de México.
Entre ambos acontecimientos hay algunas diferencias, pero también notables similitudes. Para empezar, la soga se rompió por el hilo más delgado, en este caso diplomáticos de carrera, y la víctima principal ha sido el prestigio de México en el mundo, salvo en La Habana y Caracas. El hilo conductor es, desde luego, un sesgo ideológico y la propensión del presidente López Obrador a justificar y apoyar a personajes con muy poco respeto, por decir lo menos, por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Una política exterior inconsistente y zigzagueante, sin estrategia o proyecto nacional, motivada por un afán de protagonismo y filias y fobias personales.
El affaire peruano también comparte con el boliviano la propensión a enfatizar los actos espectaculares sobre los resultados. El rescate de Evo Morales en un avión militar mexicano dio material incluso para un documental cargado de ideología. Pero pocos recuerdan que Morales abandonó México para refugiarse en Cuba y comenzar a agitar en Bolivia, sin despedirse ni agradecer a nuestro país hasta varios días después. En Perú, el énfasis parece ser la épica llegada de la familia del expresidente Pedro Castillo a la embajada mexicana. Ya sea para compensar la expulsión o bajar las tensiones, el gobierno peruano parece haber concedido los salvoconductos que permitirán el viaje de los asilados a México. En esa medida, se ha perdido un poco del drama que implicaba el envío de una misión de rescate y que se saboreaba en Palacio Nacional. A menos que Perú solicite a México la extradición de Lilia Paredes , la mujer de Castillo acusada de corrupción, poco más se sabrá de la saga, aunque los daños a la relación bilateral con un país muy importante para México prevalecerán hasta que no haya cambio de gobierno en uno u otro.
Tanto en el caso de Perú como en el de Bolivia, la Cumbre de las Américas y muchos otros, hemos observado la manera en que López Obrador trata delicados asuntos internacionales sin filtro alguno, como lo hace con cuestiones domésticas. Todos sabemos que la política exterior es más efectiva cuando se opera con discreción y sigilo. Sin embargo, el presidente funciona al contrario, dando pie a concluir que, como en política interior, para él gobernar es anunciar, no ejecutar. Como ocurre cada vez que hay una iniciativa internacional, el asilo a Castillo se anunció con bombo y platillo en la mañanera, generando de inmediato anticuerpos. No solo provocó una predisposición negativa de la sociedad y el gobierno peruanos, sino que el anuncio de López Obrador fue utilizado por el fiscal como argumento para solicitar la presión preventiva, por considerar que había un alto riesgo de fuga de Castillo. El exmandatario peruano debe 18 meses de encierro preventivo, por lo menos en parte, a López Obrador.
Quizás en un afán por superarse, en Perú López Obrador se metió literalmente hasta la cocina. No se limitó a opinar sobre la decisión del Congreso peruano al declarar la vacancia de la Presidencia sino que, de nuevo en una mañanera, cuestionó la Constitución misma de ese país, a la que calificó de antidemocrática. Con ello, el presidente reconoció implícitamente que el Congreso peruano había aplicado correctamente la Constitución , pero también cruzó una línea roja que ni el mandatario más injerencista había traspasado. La Carta Democrática Interamericana, faro de la democracia en el hemisferio, parte del principio de reconocer y respetar los ordenamientos jurídicos que cada país se ha dado soberanamente. El rasero es precisamente el orden constitucional y su objetivo es garantizar, no cuestionar, su observancia por los gobiernos de la región.
Lejos de contribuir a una solución, el activismo de López Obrador ha agravado la crisis que vive Perú, con un gobierno debilitado por las divisiones internas, el uso excesivo de la fuerza y la construcción de una narrativa que pretende colocar a Castillo como víctima en lugar de victimario. Para un gobierno, como el mexicano, que esgrime con tanta frecuencia en las mañaneras el principio de no intervención, no deja de ser irónica la expulsión de un segundo embajador en dos años por…”violación al principio de intervención”.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco
