Después de casi cuatro años ha quedado claro que este gobierno se planteó como objetivo eliminar tantos contrapesos democráticos como fuera posible. Irónicamente, se trata de los mismos que mantuvieron más o menos a raya a gobiernos anteriores y que hicieron posible la llegada al poder de López Obrador.
La tarea arrancó a tambor batiente al principio de la administración, cuando el presidente aprovechó una sobrerrepresentaciónprobablemente ilegal en la Cámara de Diputados y el pasmo y la pasividad de la oposición para lograr la adopción de un alud de iniciativas legislativas, cuyos alcances e implicaciones muy pocos anticiparon. Pieza fundamental para el embate fue la ampliación de facultades de la UIF y la inclusión de la corrupción y la evasión fiscal entre los delitos sujetos al arraigo, combo que se convirtió muy pronto en una herramienta de extorsión poderosísima que, de entrada, propició las renuncias del titular de la CRE y de un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En paralelo, el gobierno desapareció órganos autónomos y, para debilitar a aquellos que sobrevivieron, ha recurrido a la asfixia presupuestaria, sustitución de expertos por apparátchiks , la colonización y vacantes forzadas.
También hemos observado el avasallamiento a los otros poderes, con varios ejemplos en los últimos días. Al llamado de un legislador de Morena para que el Senado se convierta en una extensión del Ejecutivo siguieron tanto la precipitación con la que ambas cámaras aprobaron el paquete sobre la Guardia Nacional, como una enorme presión pública sobre los ministros de la SCJ en la víspera de la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. En una mañanera de antología, el presidente declaró que se había equivocado con los cuatro miembros de la Corte que había propuesto porque “ya no están pensando en el proyecto de transformación”, para después afirmar sin rubor alguno que “yo no intervengo en asuntos de otros poderes”. Por lo menos por ahora, el chantaje del presidente volvió a surtir efecto sobre la SCJ.
No obstante, la fuerza de la cargada en su contra, algunos contrapesos han resistido. Destaca sobre todo el INE, lo que genera ataques frecuentes que buscan erosionar y, si resultara posible, eliminar dicha institución. En ocasiones, los fallos del Tribunal Electoral y la SCJ reflejan independencia. Gracias al voto de los mexicanos en 2021, la coalición gobernante perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero más allá de su importancia intrínseca y el valor simbólico de resistir, los contrapesos son ya pocos e insuficientes para frenar los abusos del poder unipersonal.
En muchos casos, las instancias internacionales se han convertido en la última línea de contención para la salvaguarda de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Son ahora los backstops, como se les conoce en inglés. En efecto, a diferencia de otros países a los que este gobierno admira, México se abrió al escrutinio internacional, aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y elevó la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Como resultado, subsecuentes gobiernos de nuestro país han estado afortunadamente sujetos a la crítica internacional, recomendaciones de procedimientos de Naciones Unidas y la CIDH, y fallos de la Corte IDH. Sin embargo, el debilitamiento de las instituciones nacionales durante este gobierno es tal que ha provocado la intervención de instancias internacionales sobre temas cada vez más cruciales y de forma cada vez más determinante. Por lo pronto, el resultado de dos procesos en marcha podría alterar drásticamente el rumbo de este gobierno: el caso de Daniel García y Reyes Alpízar ante la Corte IDH y las consultas bajo el amparo del T-MEC por posibles violaciones de México al Tratado.
La impunidad rampante, la incompetencia de fiscalías y el Poder Judicial, y la prisión preventiva oficiosa están sentadas en el banquillo de los acusados en el caso ante la Corte IDH, frente a posibles violaciones a convenciones interamericanas por retener a dos individuos en prisión durante 17 años sin sentencia. En las consultas del T-MEC, por su parte, están en juego la certidumbre a la inversión, el piso parejo para la competencia y, consecuentemente, un proyecto de desarrollo de largo plazo. Tanto en el caso ante la Corte IDH como el de un potencial panel de controversias del T-MEC, las decisiones serán de cumplimiento obligatorio y, dependiendo del resultado, podrían forzar la conclusión del trabajo que la SCJ ha dejado pendiente: en el primero, la protección plena de los derechos humanos y de la presunción de inocencia ante los abusos y el uso político de la prisión preventiva oficiosa; en el otro, la derogación de la Ley Eléctrica.
Distintas instancias internacionales han comenzado a pronunciarse sobre la adscripción e, incluso, naturaleza de la Guardia Nacional, y es previsible que cada vez sean más categóricas. En respuesta, algunos frustrados operadores de la 4T cuestionan ya la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Quizás les preocupe que, ante las prisas del final del sexenio, el involucramiento de instancias internacionales sea cada vez más frecuente y, posiblemente, más necesario, y que, en caso extremo, alcance a la elección de 2024.
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