Rechazados durante la época del fraude patriótico y de elecciones de Estado por “injerencistas y violadores de la soberanía”, los observadores internacionales de elecciones fueron invitados por primera vez a nuestro país apenas en 1994. Pese a tratarse de un punto de inflexión, en la medida en que las autoridades electorales mexicanas consolidaron su autonomía y se garantizaron elecciones libres y justas, pronto pasaron a un segundo plano. En otras palabras, los observadores nunca tuvieron en México el papel protagónico que han jugado en otros países. Sin embargo, ello podría cambiar como resultado de la obsesión del gobierno y sus aliados con debilitar al INE y competir con ventaja frente a la oposición en 2024.
El sistema de observación electoral de la OEA es posiblemente el más robusto y reconocido, como resultado de su profesionalismo e institucionalización. Sus misiones, que son encabezadas por personalidades altamente respetadas en la región, se despliegan en prácticamente todo el continente. México ha recibido cinco de ellas desde 2009, incluyendo durante el ejercicio de revocación de mandato. La misión de observación de las últimas elecciones nacionales en nuestro país, las intermedias de 2021, estuvo integrada por 36 miembros y fue encabezada por Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la CIDH. Su informe final se presentó al Consejo Permanente de la OEA el 7 de diciembre pasado, apenas unas horas después de que, ante el fracaso de la reforma electoral constitucional, el gobierno forzara, sin permitir siquiera su lectura, la ominosa aprobación al vapor de una serie de modificaciones a leyes secundarias en la Cámara de Diputados, violando abiertamente múltiples procedimientos legislativos.
El informe de la misión, un amplio y detallado documento de más de 200 páginas, es demoledor para López Obrador y su rencor con el INE. Entre otras conclusiones, identifica expresamente al presidente como parte de una campaña de “retórica confrontativa” con “instancias de señalamiento directo e individualizado a las autoridades del INE”; asegura que “el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio”; afirma que “la principal amenaza al proceso electoral han sido los altos niveles de violencia” y que se trata de “uno de los ciclos electorales más violentos en la historia reciente de la región”. Por si fuera poco, reconoce el “trabajo serio y profesional que llevan a cabo las autoridades electorales y el esfuerzo que realizan por la continua mejora de los comicios en el país”.
La misión se preparó y fue desplegada en nuestro país en el contexto de una campaña de ataques sistemáticos al sistema de observación electoral de la OEA que, durante años, México ha sostenido prácticamente en solitario en represalia por destapar el fraude de Evo Morales en su intento de reelección. No resulta difícil concluir que el gobierno puso sus barbas a remojar. El objetivo de la campaña contra la OEA ha sido erosionar la credibilidad de informes críticos como el que se acaba de presentar, lo mismo que potenciales cuestionamientos a la elección de 2024. Una suerte de complemento a la guerra contra el INE: debilitar al que organiza y al que observa las elecciones. ¿Qué sigue entonces?
En este espacio he tratado de alertar sobre la importancia de asegurar la presencia de observadores internacionales durante la elección del 2024, de abrir el proceso a escrutinio internacional. La evidencia de que el gobierno está dispuesto a todo -incluyendo violar la ley- con tal de ganar la elección no ha hecho sino reforzar tal convicción. En estas circunstancias, es de esperar que la observación de la OEA juegue un papel mucho más relevante que en procesos anteriores y que resulte crucial para la legitimidad de los resultados. Sin embargo, la misión no se llevará a cabo en automático. De acuerdo con el procedimiento establecido, la OEA ordena el despliegue de un misión de observación solo tras recibir una invitación formal del Estado correspondiente. En el caso de México, las invitaciones siempre se han cursado a través del INE. Surgen, por tanto, varias preguntas: ¿El Consejo del INE, en su composición actual, extenderá una invitación para el proceso de 2024 antes de la salida de los cuatro consejeros?; si no ocurre, ¿estará en condiciones de hacerlo bajo su nueva composición?; y, más importante aún, ¿sucumbirá el gobierno ante la tentación de obstaculizar o impedir la invitación o, incluso, el despliegue mismo de la misión?
@amb_lomonaco
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