El pasado 17 de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México anuló las propuestas recabadas a través de la Consulta Pública Ciudadana, que se desarrolló de julio a noviembre de 2022, sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), los cuales deberían ser la guía para definir el rumbo de la capital en los próximos 20 años y regular el uso del territorio en todas sus dimensiones.
El secretario de Gobierno de la CDMX señaló que la cancelación obedeció a que dichos planes elaborados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), recibieron observaciones de pueblos y barrios. Por ello no serán enviados al Congreso de la Ciudad. Se realizarán nuevos planteamientos para la defensa del suelo de conservación y la propiedad social de la tierra.
Sobre estos temas, los integrantes de los comités técnicos del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), realizamos relevantes observaciones sobre el PGD, en el sentido de que se sometiera a un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, de acuerdo con el Capítulo II Bis del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo de la Ciudad de México, y que el desarrollo de infraestructura debiera considerarse como un elemento fundamental de este plan.
En el proyecto del PGOT propusimos el establecimiento de Organismos Operadores de Residuos para las diferentes Alcaldías de la CDMX, la elaboración de planes de manejo de residuos derivados de eventos extraordinarios (sismos, inundaciones, granizadas, entre otros), así como sobre economía circular para la gestión de los residuos en la capital del país. Además de la creación de un proyecto de desarrollo de infraestructura verde para la capital.
Ahora, ante la elaboración de nuevos planes, los miembros del CDUT proponemos para el PGD incorporar en la planeación del desarrollo urbano y la infraestructura, estrategias que permitan la sustentabilidad de las urbes, sus alcaldías y municipios conurbados y que los tres niveles de gobierno valoren que, el no invertir en suelo apto para impulsar un sano desarrollo urbano, cuesta 20 veces más en servicios y atención de desastres.
Es importante considerar que los territorios que carecen de legislación urbana con esas variables la contemplen en el corto plazo para evitar que sigan trabajando aisladamente en zonas metropolitanas y conurbaciones. Además, se debe capacitar técnicamente a las autoridades locales para atraer, generar recursos y ejercer adecuada y oportunamente sus presupuestos con una visión de largo plazo, creando institutos de planeación locales y metropolitanos.
Sobre el PGOT, se debe pensar en la creación de reservas territoriales para que el suelo no sea un obstáculo para la vivienda social o de interés medio y en un nuevo marco jurídico que impulse la participación y colaboración de los sectores público, social y privado en acciones de reordenamiento y dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, conservación, recuperación del patrimonio cultural y preservación de la imagen.
La capacitación es un tema fundamental, por eso, se debe certificar a funcionarios de desarrollo urbano con un sistema de evaluación continua de buenas prácticas y la creación de incentivos fiscales para la construcción de vivienda social con equipamiento completo, manteniendo un costo asequible para el ciudadano.
“Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos”, Pablo Neruda, poeta y político chileno.
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