El pasado mes de agosto, México presentó por vía de la Consultoría Jurídica de la SRE, una demanda de orden civil, bajo la regulación federal del “tort law” norteamericano, en contra de 11 empresas fabricantes de armas en EU, por acciones y omisiones que han cometido de manera sistemática, reiterada y consistente, en contra de la población civil de México, al promocionar y comercializar de forma negligente o ilegal, la venta de armas que ha traído daños, perjuicios y cuantiosas pérdidas económicas y de vidas humanas, así como cientos de personas heridas con daños irreversibles por esta causa lamentable.
Hay violencia en México por múltiples razones, pero no tendríamos tanta y tan exacerbada, sino fuera por el componente principal con el que se perpetran los homicidios registrados con tasas elevadas desde el año 2004, fecha en que coincidentemente se incrementó también la comercialización e introducción de armas de las principales empresas fabricantes en los EU hacia México.
En respuesta, el pasado 22 de noviembre contestaron las demandadas ante el juez de la causa, pidiendo subestimar y que se deseche la demanda mexicana por improcedente, toda vez que no asumen su responsabilidad civil, dado que los actos están fuera de la jurisdicción en donde comercializan y venden sus productos, pero su respuesta no los exime necesariamente de su probable responsabilidad legal, por el simple hecho de no tener medios de control interno en toda su cadena de comercialización y distribución, que haya supervisado y con ello limitado la venta de sus armas a grupos del crimen organizado.
Será hasta el mes de enero próximo, cuando México vuelva a tener oportunidad de presentar ante el juzgado nuevos argumentos, con información adicional, seguramente acompañada de otras expresiones, estudios y datos duros, que organizaciones aliadas suscribirán para buscar que se haga justicia en favor de tantas y tantas personas que han sido afectadas por esta mala práctica comercial, en donde la obtención del dinero ha sido el principal criterio, por encima del bien común y la seguridad en la protección de los derechos de la población civil de diversas regiones del país.
En caso de que sea procedente la demanda presentada por México, muy probablemente las demandadas van a ofrecer un arreglo inmediato, para resarcir económicamente parte del daño causado, y obvio buscar corregir las malas actuaciones de sus procesos de comercialización y publicidad. Qué difícil determinar una cuantía de miles de personas muertas y heridas con las armas que han comercializado de manera negligente en contra de los derechos fundamentales de personas que quieren vivir en paz y con seguridad.
Al margen del resultado final, que creo puede llegar incluso ante la Suprema Corte de EU, por las apelaciones que ambas partes habrán de interponer a lo largo del juicio, la demanda presentada es una victoria moral, que busca justicia, resarcimiento de daños y perjuicios, pero también sentar un precedente hacia el futuro, y más importante aún, el inicio de diversas acciones del gobierno para frenar la fuente principal de la violencia que azota en el país, que es por medio de las armas de fuego que son traficadas sin control alguno.
Al leer los principios de la declaración de independencia de EU, me queda claro que puede haber optimismo y expectativa para que se haga justicia, ya que al igual que en el siglo XVIII, las personas de hoy, tenemos ciertos derechos inalienables e imprescriptibles, entre los que destacan: la vida, libertad y la obtención de la felicidad.
