El lunes 18 de diciembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó y promovió una ley que establece como delito estatal ingresar de manera ilegal al territorio de Texas y también otorga facultades a las autoridades locales para arrestar y deportar migrantes. Con independencia de la clara inconstitucionalidad de esta ley, porque la materia migratoria es federal, preocupa la manera en cómo serán identificados los presuntos transgresores de dicha ley.
Claramente será a través del prejuicio que tenga un policía que no está entrenado ni capacitado para hacer detenciones de esta naturaleza, contra migrantes que, por su estereotipo, no sean a los ojos de la autoridad local un ciudadano americano. Qué difícil tarea tendrán porque en Texas: hay millones de ciudadanos mexicano-americanos, que tienen por mandato constitucional el derecho a libre tránsito, a no ser molestados en sus personas ni en sus posesiones, sino por un mandamiento judicial de ser el caso. Comento esto, porque bien podrían tener un bumerang de vuelta con demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados contra ciudadanos americanos. Así que la Ley Abbott bien podría fracasar en breve por la autoasignación de facultades que son de orden federal, o bien por la lluvia de demandas que podría tener el Estado de Texas, por la afectación de derechos en contra de sus ciudadanos.
El objeto de una ley es promover el interés público, no el odio, ni la polarización entre los integrantes de una sociedad política. Con esta legislación, se está incitando a la división y al prejuicio por razones de la nacionalidad, raza, color de piel, idioma. Se está alentando la discriminación y el abuso de autoridad al hacerse de facultades que expresamente están acotadas en la Constitución Federal.
La ley SB4 (“Senate Bill 4”), conocida como la “Ley Abbott”, penaliza el ingreso ilegal a Texas como un delito estatal; lo que otorga plena facultad a la autoridad policial para detener y deportar personas migrantes indocumentadas. A su vez, los jueces de Texas tendrán la autoridad para ordenar la expulsión de los migrantes a México. La ley establece toda la estructura jurídica para solucionar conflictos de derecho migratorio a nivel estatal.
Adicionalmente la “Ley Abbott” establece un presupuesto de $1,500 millones de dólares para construir su propio muro fronterizo que medirá 1,6 km y el cobro de un impuesto a los residentes del estado para construcción del mismo.
Dicha legislación entrará en vigor en marzo del 2024, pero se estima que las impugnaciones por parte de organizaciones civiles de los Estados Unidos y de las autoridades federales resulten en una suspensión temporal de la legislación en lo que se resuelve la controversia.
El Departamento de Justicia de los EU presentó el pasado 3 de enero una demanda respecto a la nueva ley antiinmigrantes en Texas en la corte federal de Austin. En total son 3 demandas presentadas hasta el momento, ya que dos fueron presentadas previamente en diciembre de 2023.
No es la primera ocasión que el gobernador Abbott establece medidas para frenar y controlar el ingreso de migrantes al estado de Texas, omitiendo los límites establecidos por su Constitución, en flagrante violación a los derechos de sus propios ciudadanos, así como de los migrantes no documentados. En marzo de 2021, Abbott lanzó la Operación “Lone Star” (Estrella Solitaria), declarando un estado de emergencia en la mayoría de los condados fronterizos de Texas. Bajo este programa, Abbott desplegó la Guardia Nacional de Texas y anunció el despliegue de la "Fuerza Táctica de la Frontera de Texas".
Al igual, el 8 de junio pasado, estableció una frontera de boyas y una cerca en espiral de alambre en el Rio Grande (Río Bravo en México), específicamente en la ciudad de Eagle Pass, en el condado de Maverick.
En este contexto es relevante señalar las facultades de los estados y del gobierno federal en materia de inmigración, en el que solamente el gobierno federal tiene la facultad exclusiva de establecer leyes migratorias, lo que se establece en el Título 8 del Código de los Estados Unidos (United States Code: Immigration and Nationality, 8 U.S.C. §§ -1401 Suppl. 2 1964).
La nueva legislación SB4 y operaciones como “Lone Star” generan un ambiente que alimenta prejuicios infundados, estimulando un sentimiento agresivo contra todos los migrantes. Generaliza un trato inhumano para las personas que buscan una mejor condición de vida. En este sentido, el récord del gobernador Abbott es penoso no solo por la legislación que promueve, también por los números de migrantes fallecidos por causas atribuibles a sus políticas. Al menos 800 migrantes perdieron la vida al cruzar la frontera de México y Estados Unidos en el 2022, según cifras recabadas por CBS News de los registros internos de la Patrulla Fronteriza. Esto sin considerar a los migrantes que fallecen por crímenes de odio dentro de los EU, considerando que Texas es uno de los estados dónde más se han cometido este tipo de conductas xenófobas.
Que sea la razón del derecho por medio de los jueces los que resuelvan la procedencia de esta legislación, por medio de sus sentencias para revertir los efectos de la discriminación y la limitación de los derechos fundamentales que promueve el gobernador Abbott desde Texas, en contra de sus propios ciudadanos y de la comunidad que hace grandes contribuciones económicas a su Estado y en general a todo EUA.
Cónsul General de México en Nueva York.
@Jorge_IslasLo