El 2020 será recordado como uno de los peores años que haya tenido la comunidad migrante en la historia. Por el alto nivel de contagios y decesos del Covid-19 y por su repercusión económica de la que no salimos, al tener frenadas o restringidas las principales actividades laborales que realizan nuestros paisanos, con los consecuentes despidos masivos.
Pero no todo fue tan malo, dado que recientemente un juez federal, resolvió sobre la legalidad y restauración del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en donde una gran mayoría de beneficiarios son mexicanos.
DACA fue establecido en 2012 por el expresidente Barack Obama. Un programa de protección temporal a inmigrantes no documentados —conocidos como DREAMers— que llegaron a EU cuando eran niños, posibilitando la obtención de permisos de trabajo con vigencia de dos años. A su vez, dependiendo del estado, DACA permite la obtención de licencias de conducir, número de seguridad social, títulos universitarios y otras medidas que favorecen a los jóvenes en la educación universitaria y seguros médicos. En otras palabras, visibiiza a las personas como sujetos de ciertos derechos, para ofrecer mejores oportunidades hacia el futuro.
Datos oficiales revelan que el programa ha protegido la deportación de cuando menos 700 mil DREAMers, que en su mayoría son mexicanos. Sin embargo, es importante resaltar que éste no es un camino para la obtención a la residencia ni a la ciudadanía, pero al menos un programa incluyente que ofrece alterntivas y dignidad.
Desde 2017, la actual administración federal frenó DACA y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dejó de recibir nuevas solicitudes. En junio pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó, más por la forma que por el fondo, la erradicación del programa. Tras dicha resolución, el Departamento de Seguridad Nacional, emitió un nuevo memorando, el cual negaba una vez más la aceptación de nuevas solicitudes, limitaba la autorización de empleo para los beneficiaros a sólo un año y restringía sus viajes al extranjero. Una guía para desincentivar y no sólo para limitar derechos.
Pero un caso fortuito, otra vez más de forma que de fondo, permitió que un Juez federal, restituyera en su totalidad el DACA, al resolver que la persona que estableció las nuevas limitaciones al programa, fue designada ilegalmente para su puesto, un hecho que lo excluía de emitir cualquier acto de autoridad, incluyendo memorandos para negar los beneficios de DACA.
De conformidad con el nuevo mandato judicial, desde el 7 de diciembre el gobierno federal deberá restablecer el funcionamiento del programa bajo los mismos términos con los que fue creado originalmente. Las buenas noticias traerán en lo inmediato una alta demanda de servicios consulares, para entregar a los posibles DREAMers, identificaciones oficiales con las que puedan acreditar su personalidad y estancia. En adición, se les deberá apoyar con abogados externos que resuelvan las dudas y gestiones que deseen realizar los jóvenes que califiquen para el programa, entre otras actividades.
Por el momento, DACA no es la panacea que resolverá la legalización de una futura ciudadanía, pero al menos es una opción que da certeza y oportunidades para mejorar la estancia de cerca de un millón de jóvenes que tienen un sueño que quisieran hacerlo realidad, mediante el trabajo duro, comprometido y ejemplar con el que se distingue nuestra comunidad.
@JorgeIslasLo
