«Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia.»
Nelson Mandela
Esta semana fueron aprobadas en la Cámara de Diputados distintas modificaciones a los artículos 4º y 27º de la Constitución Federal en materia de bienestar. La minuta fue turnada al Senado para su debate y votación, en caso de aprobarse pasará a los congresos locales. Dentro de los puntos torales que contempla esta reforma se encuentran: de ahora en adelante, los adultos mayores de 65 años tendrán derecho a recibir una pensión y no a partir de los 68, como se establece actualmente. También se elevan a rango constitucional los programas de pensiones para personas con discapacidad permanente, donde además el Estado les garantizará su rehabilitación y habilitación, con prioridad a las personas menores de 18 años; precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, el programa Sembrando Vida y los apoyos a productores y pescadores de pequeña escala, con apoyos anuales.
Dichos cambios se encuentran en sintonía con la visión del Gobierno Federal para garantizar condiciones de vida y procurar a los menos favorecidos, así como a las personas en situación vulnerable, con el objetivo de lograr acotar la brecha de desigualdad que existe en diferentes núcleos poblacionales. Lo que resulta opuesto a modelos anteriores de gobierno, que le entregaron al libre mercado las tareas fundamentales y de garantía del bienestar personal que debe salvaguardar el Estado mexicano. Ahora, el Gobierno de México es quien lleva la rectoría e impulsa las acciones necesarias para satisfacer y asegurar las necesidades básicas de la población, una política redistributiva en favor de quienes menos tienen. Para asegurar que estas políticas trasciendan en los próximos años es necesario que tengan base constitucional, con lo que se materializa una fuente de derechos fundamentales que no podrán ser objeto de menoscabo posterior, de forma que permeará el principio de no regresividad plasmado en la propia carta magna.
De manera que esta adición a nuestro pacto federal, obligará a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que en los años futuros, lleven a cabo las medidas que resulten necesarias, con el fin de que no pueda haber disminución en el presupuesto de los apoyos que impliquen la transferencia de estos recursos directos hacia la población, que además, conforme al dictamen aprobado, no podrán ser reducidos en términos reales, respecto del presupuesto que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Los programas sociales han contribuido a que casi nueve millones de mexicanos salieran de la pobreza, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Esta entidad ha destacado que las inversiones en protección social, incluidas las pensiones, generan importantes beneficios económicos a largo plazo. Esto demuestra que la protección social no solo cumple un propósito moral al reducir la pobreza y la desigualdad, sino que también fortalece la economía en general al impulsar el consumo. Un ejemplo exitoso de esto es el modelo de pensiones rurales implementado en Brasil, que garantiza una pensión mínima para los trabajadores rurales que han trabajado un cierto número de años en el sector agrícola. Este tipo de iniciativas tienen el potencial de reducir la pobreza rural y garantizar que los trabajadores del campo puedan envejecer con dignidad.
Las reformas antes mencionadas no solo ofrecen una respuesta a las injusticias históricas que han afectado a estos grupos vulnerables, sino que también refuerzan la estructura social y económica del país. Para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, es necesario garantizar que todas las personas, independientemente de su género, discapacidad o lugar de residencia, puedan envejecer con dignidad y tener seguridad económica. No tengo duda de que se están dando avances importantes gracias a estas modificaciones que espero sean aprobadas por el Senado.
