«Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.»
Francisco de Quevedo.
La reforma al Poder Judicial indudablemente debe estar a la altura de los cambios de estos últimos años que permean en la forma de cómo concebimos el ejercicio del poder público, la función de nuestras autoridades e instituciones, su efectividad para atender y resolver la realidad y necesidades de la gente común. Ante esto, la iniciativa del presidente de la República es completamente sustancial al plantear lo siguiente: reducir el número de ministros, eliminar el funcionamiento de la Corte por Salas, que haya consecuencias por el retardo en la resolución de juicios, la sustitución del Consejo de la Judicatura por un órgano de administración y un Tribunal de Disciplina Judicial, son algunas de las propuestas de la reforma constitucional.
Indudablemente, el tema más polémico y controvertido es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Dicha propuesta está formulada en un momento donde existe la exigencia social de que no haya impunidad, ausencia de justicia, justificación de planteamientos o resoluciones contrarias a los fundamentales principios de justicia, negativa a resolver lo sustantivo, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y favoreciendo a grupos de poder. Estos son algunos de los sesgos que acechan a los funcionarios del Poder Judicial Federal, mientras el acceso de las personas al sistema de justicia es costoso, lento, ineficaz y ajeno a sus realidades; lo que ha llevado a un distanciamiento cada vez más profundo con la sociedad.
De acuerdo a datos del INEGI, los asuntos que más se tardan en tramitar en la Suprema Corte son los amparos en revisión y los procedimientos de responsabilidad administrativa, con un tiempo de resolución promedio de 1903 y 1183 días, respectivamente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 señala que las autoridades relacionadas en el ámbito de seguridad menos identificadas a nivel nacional en México son los jueces, donde el 42% de las personas no consideran efectiva su labor, 41% no les
tiene confianza y 66% los considera como una autoridad corrupta— solo por debajo de la policía de tránsito.
La OCDE ha apuntado que para 2022 México ha descendido en el índice sobre la capacidad de las personas para obtener una resolución eficaz, equitativa y oportuna a sus necesidades relacionadas con la justicia, contrario a la tendencia de los demás miembros que la incrementan progresivamente, además ocupó el lugar 34 de 43 en el índice sobre la libertad de jueces para decidir casos sin influencias gubernamentales.
Elegir directamente a los titulares de la función judicial pretende lograr una mayor cercanía con las personas, que se de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas de forma directa, que no se privilegien a grupos de poder contrarios al interés público, para lograr una verdadera independencia judicial sin que deban nada a quienes los nombran. Quienes se oponen, plantean que el único modelo legítimo para el nombramiento de estos funcionarios es la designación por actores políticos, desconociendo lo previsto en las constituciones de 1824 y de 1857 que establecieron mecanismos de elección indirecta por parte de las legislaturas de los estados, y por representantes de circuitos, respectivamente.
Además, señalan los críticos que la reforma afecta la imparcialidad de los funcionarios judiciales por qué se politiza su nombramiento, así como que el crimen organizado influirá en los mismos, lo cual es totalmente contrario, pues serán los ciudadanos quienes elijan. Adicionalmente, pretenden que serán personas sin la adecuada preparación quienes asuman el cargo, cuando será toral la subsistencia de la carrera judicial, así como la participación de la academia y los litigantes para integrar las propuestas para ocupar los cargos, con una nueva visión de impartición de justicia como un valor fundamental, con una legitimación social con la que actualmente no se cuenta.
La reforma plantea la subsistencia de la carrera judicial y los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales. Las propuestas de personas para ocupar la titularidad de estos, no sería por medio de partidos políticos, sino que intervendrían de forma equitativa los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Existe una tendencia mundial para que los sistemas de impartición de justicia sean transformados, para que se centren en las personas, y sus objetivos. La función eficaz de las instituciones judiciales es un pilar para generar confianza pública y credibilidad, así como para el adecuado funcionamiento del país, por lo que debemos delinear el sistema más adecuado a las necesidades de nuestra sociedad.